El fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) especifica que esta sentencia es única y sirve exclusivamente para este caso y que el resto deberá estudiarse uno a uno.
Sin embargo, el TJUE tambiíén precisa que los usuarios interesados en ejercer su derecho al olvido podrán ampararse en esta sentencia para presentar sus solicitudes directamente ante el gestor del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar cada una de las reclamaciones para verificar si tienen algún tipo de fundamento.
El buscador, legalmente, tiene un plazo máximo de diez días para dar una respuesta al demandante.
Como explica el TJUE, «si el responsable del tratamiento de datos no accediera a la petición planteada por el usuario, el ciudadano podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que íéstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen al responsable que adopte medidas precisas», si fuera necesario.
En el caso español, el usuario podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que actuará en nombre del ciudadano, sin coste alguno.
Si la AEPD encuentra fundamentos suficientes para llevar adelante la denuncia se encargará de todo para exigir la desindexación.
