La denuncia recurrente de los hoteleros parece que por fin ha calado entre las comunidades autónomas, las administraciones que tienen competencias en materia turística. Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos se calcula que hay medio millón de apartamentos ilegales en España, una situación intolerable por la competencia desleal que representa frente a la oferta reglada y por la cantidad de impuestos que deja de recaudar el Estado y que se pierden en el terreno de la economía sumergida.
La primera en atender las reclamaciones de los empresarios fue Cataluña, que a lo largo de 2012 puso en marcha un proceso informativo en ayuntamientos y empresas sobre la regularización de las plazas hoteleras. Así se informó que todos estos establecimientos tendrían que estar dados de alta en un registro y por lo tanto pagar la tasa turística que se cobra en Cataluña, que oscila entre los 0,75 euros y los 2,5 euros en función de la categoría del establecimiento. En un año se ha logrado regularizar 25.690 viviendas de uso turístico que representan 153.055 plazas. Sin embargo, un informe del gobierno autonómico reconoce que el proceso apenas ha empezado y que puede haber hasta medio millón de plazas más sin regularizar. Los que no lo hagan se exponen a sanciones y las empresas que las publiciten a travíés de Internet se exponen a su cierre.
La iniciativa de Cataluña ha calado entre el resto de grandes comunidades autónomas. Andalucía ya ha pactado con los empresarios un borrador de real decreto, cuya tramitación está prevista que concluya a finales de este ejercicio. En esta normativa se establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos de uso turístico estíén inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, un trámite gratuito y que culmina con una declaración responsable. La inscripción le otorga un número de identificación que debe aparecer en todas las promociones y publicidades que realiza. El texto considera viviendas de uso turístico todas aquellas “ubicadas en inmuebles levantados en suelo con uso residencial, excepto las rurales, que ofrezcan alojamiento de forma habitual y con fines turísticosâ€. Los que no lo hagan se exponen a multas que oscilan entre 2.000 y 150.000 euros. El borrador tambiíén establece unos mínimos para los apartamentos:las habitaciones deberán tener ventilación directa al exterior, los inmuebles que se alquilen entre abril y octubre tendrán que tener sistemas de refrigeración adecuados, un botiquín o un extintor. Los propietarios no podrán exigir más de un 30% de señal.
El objetivo es acabar con una oferta ilegal que supone, según cálculos empresariales, el 20% de las plazas que se comercializan. Buena prueba de ello es que el pasado ejercicio se levantaron 683 actas de infracción a travíés de los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía. La existencia de esta economía “alternativa†es especialmente llamativa en la Costa del Sol, en la que se estima que hay más de 50.000 apartamentos sin declarar.
Otra autonomía que tiene avanzado un texto para regular la ocupación en viviendas turísticas es Madrid. Los dos principios rectores del borrador, que podría aprobarse en junio, son garantizar los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal. La normativa que prepara el gobierno de Ignacio González establece que las viviendas no podrán ser alquiladas por habitaciones y que se podrá establecer un período mínimo de estancia. Los propietarios podrán empezar a alquilar la vivienda una vez que la registren ante la Comunidad (con una declaración responsable es suficiente) y no todos deberán contar con una licencia municipal específica. La norma, a la espera de que pueda sufrir modificaciones posteriormente, da libertad a los municipios para cobrar o no cobrar la tasa.
Fabra se une a Montoro para destapar el fraude
La Consejería de Turismo de la Comunidad Valenciana ultima una campaña de inspecciones para tratar de destapar alquileres irregulares y acabar con la oferta ilegal de apartamentos turísticos que se ofertan a travíés de las principales páginas de internet, como Booking o Homeaway. Fuentes del Gobierno valenciano reconocen que el principal objetivo es que todas las viviendas que tengan usos turísticos estíén inscritas en el registro autonómico de apartamentos, en vigor desde 2009, en el que apenas se han registrado propietarios, puesto que el trámite no era obligatorio si solo se alquila.
La estrategia del Ejecutivo presidido por Alberto Fabra pasa por intensificar la colaboración con la Agencia Tributaria para cruzar datos sobre las empresas que estíén dadas de alta para evitar posibles irregularidades y sacarlas de la economía sumergida.
