EFE
El Tribunal británico de Apelaciones dictó hoy que debe reanudarse el juicio por un importante caso de fraude que había sido sobreseído por falta de ayuda legal a los acusados a instancias del abogado Alexander Cameron, hermano del primer ministro del Reino Unidos, David Cameron.
La corte revocó así la sentencia del 1 de mayo del tribunal londinense de Southwark, que optó por suspender el caso en lugar de posponerlo, al considerar que, debido a los recortes del Gobierno a la abogacía de oficio, los acusados no encontrarían representación legal adecuada en ese complejo pleito.
La suspensión del caso a instancias de Cameron, que representó solo en esa ocasión a los cinco acusados de un fraude inmobiliario, se consideró un precedente en el Reino Unido y las asociaciones de abogados la respaldaron porque subrayaba el precario estado de la justicia tras los recortes.
Sin embargo, los tres jueces de la corte de Apelaciones decidieron hoy que el magistrado de primera instancia "cometió un error de principio" y ordenaron la reanudación del juicio en Southwark, respaldando así el recurso presentado por la acusación, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, regulador financiero británico).
La FCA ha acusado a cinco personas vinculadas a las empresas Plott UK Ltd, European Property Investment Ltd y Stirling Alexander Ltd de estafar cinco millones de libras (seis millones de euros) a inversores entre 2008 y 2011.
Es lo que se considera un Caso de Muy Alto Coste (VHCC, en sus siglas en inglíés), largos y complicados procesos judiciales a los que solo se comprometen ciertos abogados de oficio.
El Ejecutivo de David Cameron ha impuesto un recorte del 30 % de los emolumentos que perciben los profesionales por hacerse cargo de este tipo de casos, lo que ha llevado a que muchos se hayan dado de baja del registro de VHCC del Colegio de Abogados.
El hermano del primer ministro demostró en el proceso en Southwark que sus clientes habían solicitado sin íéxito representación legal a varios bufetes.
Los abogados del Reino Unido han protagonizado en los últimos meses protestas contra los recortes a sus tarifas en casos de oficio (representación de clientes sin recursos), parte de las medidas para reducir el díéficit público y que ellos aseguran que ponen en peligro el sistema judicial del país.
En su dictamen de hoy, el Tribunal de Apelaciones instó al Gobierno y a la profesión legal a llegar a un acuerdo sobre estas subvenciones para garantizar un sistema judicial "del que podamos sentirnos orgullosos".
