Los contribuyentes del IRPF defraudan anualmente en torno a 20.000 millones de euros. Es la principal conclusión del informe presentado hoy por Fedea que elabora esa estimación a partir de datos del año 2008, aunque señala que con matices pueden extrapolarse a otros ejercicios. El estudio El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios de los profesores de la Universidad de Zaragoza Fíélix Domínguez Barrero, Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco señala que el fraude no se detecta en la rentas procedentes del trabajo asalariado. Ello es así porque el control que sufren.
En cambio, detectan una importante bolsa de evasión tributaria en los rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos). En concreto, señalan que el cumplimiento en esta fuente de renta se sitúa en el 39%. Sin embargo, la mayor parte de contribuyentes tiene pocas posibilidades de defraudar por esta vía en la medida en que los intereses y dividendos sufren retenciones y la Agencia Tributaria tiene abundante información procedente de las entidades financieras. Julio López Laborda, que ha presentado hoy el estudio en Madrid, alega que la evasión en estos casos procede de declarantes que tienen capitales en el extranjero sin declarar. Laborda, partiendo de metodologías utilizados en estudios internacionales, señala que los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros. Solo por el rendimiento de ese importe, el fraude fiscal asciende a 7.400 millones.
Las rentas inmobiliarias (alquileres e imputaciones por propiedades inmobiliarias) es otro gran foco de fraude, siempre según el estudio de Fedea. Por último, los autónomos y profesionales tambiíén registran elevadas cuotas de incumplimiento. Y ello es así tanto para el colectivo que tributa por el sistema de módulos como por aquellos que optan por estimación directa.
Laborda defendió la necesidad de mejorar la conciencia fiscal de los españoles. El informe defiende que "deben evitarse las políticas como la amnistía fiscal recientemente concedida en España". El profesor de la Universidad de Zaragoza se ha mostrado favorable a publicar las declaraciones fiscales de los cargos políticos para mejorar la transparencia. Tambiíén aplaudió algunas de las propuestas incluidas en el informe de los expertos para la reforma fiscal como la supresión del sistema de módulos, del recargo de equivalencia o del ríégimen particular en el impuesto sobre sociedades de las empresas de reducida dimensión.
Los investigadores convergen en que la economía sumergida en España asciende al 20% del PIB. Teniendo en cuenta que la presión fiscal en España se sitúa en el 33%, si la actividad sumergida tributaria el Estado ingresaría un 6,6% adicional, cifra que coincide con el díéficit fiscal registrado en 2013. "Aproximadamente puede ser cierto que sin fraude fiscal no habría díéficit", señaló Laborda. Sin embargo, alertó de que resulta poco realista la idea de acabar con el fraude fiscal. Aunque sí es posible reducirlo hasta niveles del 13% como los registrados en Alemania.
