La refinanciación de la deuda de más de 3.400 millones de euros que Prisa cerró en diciembre ha abierto una brecha entre los principales accionistas de la Cadena Ser. La firma que preside Juan Luis Cebrián ha puesto a la emisora como garantía de 1.314 millones de euros de deuda para lograr el visto bueno de los acreedores.
Una maniobra que no ha sentado nada bien en el seno del Grupo Godó (posee un 18,37 por ciento de la cadena), que ha iniciado movimientos para anular dicho aval.
Así, Javier Godó Muntañola, Carlos Godó Valls, consejeros dominicales de la Ser, y la propia editora de La Vanguardia, han presentado una demanda de impugnación de los acuerdos adoptados el 5 y el 18 de diciembre (cuando se cerró la refinanciación) por el consejo de Prisa "relativos a la renovación de la garantía personal otorgada por la sociedad en relación con los contratos de reestructuración y extensión de la deuda", explica la compañía en su informe de auditoría.
En el mismo documento, la todavía dueña de Canal + resta importancia a la demanda y asegura que la resolución de este litigio no tendrá grandes consecuencias para la sociedad.
Pero más allá de poner a Prisa Radio como pagador solidario de una parte de la deuda en el caso de que la matriz no sea capaz de hacer frente a sus obligaciones, el consejo del todavía gigante audiovisual ha constituido una prenda o garantía real sobre el 73,49 por ciento que posee de la Ser para hacer frente a los pagos. Es decir, que permite a los acreedores propiciar la venta forzosa de la acciones de emisora para poder cobrar la deuda garantizada.
La Cadena Ser no es el único activo que el grupo puso como aval para lograr el favor de la banca. En este punto, a finales de 2013 casi todos los activos del grupo estaban pignorados en favor de los bancos y los fondos buitre que compraron deuda en el mercado secundario.
Por un lado, El País y varias empresas (grupo Bidasoa, Distribuciones Aliadas, Medios Impresos) se pusieron sobre la mesa como garantías personales, lo que implica que se comprometen a responder solidariamente del cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor. Por el otro lado, el grupo que dirige Fernando Abril Martorell dio la llave a la banca y los fondos internacionales para vender el 14 por ciento de las acciones de Mediaset, el 75 por ciento de los títulos de Santillana y el 56 por ciento de DTS en el caso de que no cumpliera con sus obligaciones de pago.
Pero a los acreedores no les debió parecer que las garantías cubrían la totalidad del príéstamo, porque en enero de 2014 Prisa se vio obligado a constituir una prenda o garantía real sobre el 80 por ciento de Audiovisual Sport, la firma a travíés de la explota y administra los derechos del fútbol. A su vez, el grupo tambiíén constituyó una garantía real sobre el 84,69 por ciento que posee en Media Capital para asegurar el pago de los tramos dos y tres de la deuda. Así, si a la compañía le vienen mal dadas y no puede afrontar su elevada deuda (en 2013, excluyendo Canal+, el ebitda del grupo alcanzó los 291 millones), los fondos tienen la llave para desmantelar el grupo y así poder cobrar su deuda de 3.401 millones de euros.
El tramo tres es un críédito de 2.278 millones con un vencimiento a seis años y que contempla dos hitos de reducción de deuda: 900 millones en 2015 y 600 millones en 2016. Esta devolución se hará con la venta de activos no estratíégicos.
En este punto, la editora se ha puesto manos a la obra para hacer caja con sus activos audiovisuales. Hasta la fecha ha vendido un 3,69 por ciento de Mediaset por 121 millones, unos fondos que ha usado para recomprar deuda. El objetivo del grupo, tal y como reconoció Abril Martorell, es vender el 13,65 por ciento restante en el corto plazo para reducir deuda. A su vez, el grupo ha cerrado con Telefónica la venta del 56 por ciento de Canal+ por 725 millones.
La operación, que le permitirá cumplir el primer hito, está pendiente del visto bueno de Competencia.
