El Gobierno ha hecho caso por fin a una de las demandas más insistentes del FMI respecto a las refinanciaciones de empresas: que Hacienda y Seguridad Social puedan sufrir quitas como el resto de acreedores para salvar las compañías. Hasta ahora, los críéditos con el sector público estaban blindados y había que pagarlos siempre, lo que en muchas ocasiones impedía continuar la actividad. Ahora reconoce por primera vez que está trabajando en fórmulas para que arrimen el hombro en estos procesos, aunque se trata de "un asunto que no es nada fácil" y que puede provocar el eníésimo choque entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.
El director general de Política Económica, Ignacio Mezquita, reconoció ayer en una jornada organizada por la APD que el Gobierno trabaja en buscar fórmulas para atender las demandas del organismo que dirige Christine Lagarde: "Estamos estudiando una manera, pero se trata de un asunto que no es nada fácil". Es la primera vez que el Ejecutivo da su brazo a torcer en este asunto, puesto que el Real Decreto 4/2014 de Refinanciación y Reestructuración de Deuda –ahora tramitado como proyecto de Ley– mantenía la preferencia de Hacienda y Seguridad Social sobre la banca en los procesos de refinanciación y en los concursos de acreedores.
En su reciente visita a España, la delegación del FMI se mostró especialmente crítica con esta nueva norma, ya que pidió que se acabe con el estatus privilegiado de Hacienda y Seguridad Social como acreedores, y que tambiíén se sumen a las quitas que asuma el resto. "Dado el amplio interíés público en liberar el potencial de crecimiento de estas empresas, el Gobierno tambiíén debería participar, por ejemplo, permitiendo que las reclamaciones pendientes de Hacienda y Seguridad Social a estas firmas se reestructuren a niveles sostenibles si otros acreedores hacen lo mismo, sin menoscabar el cumplimiento de sus obligaciones", aseguraba el documento de conclusiones de la misión.
Estas críticas se suman a las lanzadas desde las propias asociaciones empresariales y tambiíén desde algunas consultoras. En un informe titulado 'Temas candentes de las reestructuraciones financieras', PwC asegura que "ha sido una pena que no se haya aprovechado para paralizar tambiíén posibles acciones de las entidades de derecho público, tradicionalmente quienes más acostumbradas están a iniciar acciones de ejecución a compañías en situación preconcursal". "Tampoco en este caso se ha aprovechado para arrastrar a entidades de derecho público ni tampoco para pedir un cierto esfuerzo a los proveedores de las compañías, a los que se respeta íntegramente. Entendemos que es excesivo que las entidades financieras sean los únicos acreedores que soporten el peso de los procesos de refinanciación", añade dicho estudio.
Y pone el dedo en la llaga de lo que ocurre muchas veces en estos procesos: "Sería necesario poder paralizar las ejecuciones de los críéditos de derecho público, ya que en ocasiones son las ejecuciones de estos críéditos las que están forzando la entrada en concurso de las compañías". Es decir, hay empresas que serían solventes gracias a un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, pero que se ven abocadas al concurso porque no puede hacer frente a su deuda con Hacienda o Seguridad Social, y estos organismos no aceptan quitas, esperas, períodos de carencia ni ninguna otra medida para aliviar la carga del empresario, sino que se quedan con sus activos.
A juicio de todas estas críticas, es absurdo que una norma que pretende facilitar que se salven empresas viables pero con exceso de deuda fracase precisamente porque el Estado es el que no pone de su parte para salvarlas. De ahí que el Gobierno haya hecho caso a las mismas y estíé buscando una solución. Las dificultades para encontrarla a las que aludía Mezquita se derivan precisamente de la resistencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a aprobar medidas que puedan suponer una merma de recaudación despuíés de incumplir el objetivo de díéficit en 2013 y ante una inminente reforma fiscal que ya va a reducir bastante los ingresos del Estado.
Tanto Montoro como la titular de Empleo –y responsable de la Seguridad Social–, Fátima Báñez, se opusieron inicialmente al plan de Guindos para facilitar las refinanciaciones, y sólo lo aceptaron finalmente porque el real decreto mantuvo su preferencia en la prelación de cobro y su excepción a someterse a los acuerdos de refinanciación alcanzados por las nuevas mayorías legales de los acreedores. Estas mayorías sí obligan a sumarse a todos los acreedores financieros –incluyendo los 'fondos buitre'–, pero no a los acreedores públicos ni a los proveedores. Subsanar eso sin soliviantar de nuevo a sus compañeros de gabinete es el desafío que tiene que superar Guindos para satisfacer al FMI.
Código de buenas prácticas para refinanciar pymes
Otra de las demandas del organismo multilateral que va a asumir el Ejecutivo es la de extender las facilidades de refinanciación a pymes y autónomos. Según anunció ayer Mezquita, se va a poner en marcha un código de buenas prácticas bancarias para la refinanciación de pymes y autónomos. Se trata de "estandarizar los procedimientos y dar un marco más general para los acuerdos extrajudiciales de pagos", es decir, ofrecer un catálogo de soluciones de reestructuración estandarizadas.
Ahora bien, no se trata de extender el marco preconcursal del real decreto –y futura ley– a las pymes como pedía el organismo tambiíén en su última visita a nuestro país, sino de un sistema diferente. Algo que Mezquita ha justificado porque en España la mayor parte de las insolvencias de pequeñas empresas se resuelve fuera del ámbito concursal mediante negociación privada o ejecución de garantías hipotecarias.
