La Organización de Inspectores de Hacienda ha reclamado hoy que actividades como la prostitución o "el tráfico de drogas blandas" se legalicen totalmente para regularizar una actividad que actualmente no genera ingresos fiscales ni cuotas en la actividad social. Se trata de una de las medidas más novedosas de un informe presentado hoy y que incluye un listado de recomendaciones para reformar el modelo fiscal.
El presidente de los inspectores de Hacienda, Ransíés Píérez, ha señalado que la prostitución o el tráfico de drogas blandas son actividades que pueden ser condenables socialmente, sin embargo, opina que la legislación debería tratar la marihuana de la misma forma que el tabaco. Ello generaría ingresos fiscales para el Estado. En el caso de la prostitución, los inspectores señalan que es una actividad que mueve unos 18.000 millones y, en caso de tributar al 30%, permitiría al Estado recaudar 6.000 millones de euros.
Por otra parte, los encargados de perseguir el fraude fiscal tambiíén proponen eliminar los billetes de 500 euros que, en su opinión, son indicativos de pagos en negro. Tambiíén defienden que la Agencia Tributaria pueda pagar a confidentes que ofrezcan información sobre evasores fiscales.
Para los inspectores, la reforma fiscal debería incluir medidas para que los grandes evasores fiscales ingresen efectivamente en prisión. El Código Penal vigente ya contempla penas de cárcel para los contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal, sin embargo, los inspectores recuerdan que raramente se produce la entrada en prisión cuando no existen antecedentes penales y se abona la deuda tributaria. La organización dedicada a perseguir el fraude propone la supresión del "atenuante de reparación del daño" y de la llamada "excusa absolutaria", que permite eludir la vía penal a los contribuyentes que voluntariamente reconocen el engaño a Hacienda. En su propuesta, la excusa absolutoria supondría sólo un atenuante que no impediría las actuaciones penales.
Actualmente, existe delito fiscal cuando la cuota defraudada por impuesto y año supera los 120.000 euros. Los inspectores proponen elevar ese umbral a 600.000 euros para evitar la actual saturación en los juzgados y para que, junto con las otras medidas propuestas, los delitos graves comporten "el ingreso en prisión automático". Además, abogan para que el umbral que marca los 600.000 euros de delito fiscal se determine con la suma de cuotas defraudadas, con independencia de que procedan de ejercicios e impuestos distintos.
