Las comunidades autónomas tienen previsto ingresar 1.042 millones de euros por el impuesto sobre el patrimonio este año, un tributo que la comisión de expertos para la reforma fiscal recomendó suprimir. Y, de hecho, la legislación vigente contempla que en enero de 2015 se aplique una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio que, a efectos prácticos, supondría su desaparición.
Sin embargo, las comunidades autónomas ya han trasladado al Ejecutivo su posición favorable a mantener el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que con carácter general recae sobre contribuyentes con una riqueza neta superior a 700.000 euros. Los Ejecutivos autonómicos alegan que precisan de ingresos para afrontar la senda de reducción del díéficit público. Los números rojos de las comunidades cerraron el ejercicio anterior en 15.781 millones de euros, cifra que debe reducirse hasta los 3.000 millones en 2016. Supone un reto muy exigente y nada fácil de cumplir.
La reforma fiscal que presentará el Gobierno modificará la fiscalidad patrimonial, sin embargo, Hacienda es consciente de que las comunidades precisan los ingresos. De hecho, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó exonerar a las comunidades autónomas de devolver la recaudación del impuesto sobre el patrimonio, un tributo que se suprimió en 2008 y que posteriormente se recuperó en 2011. Estaba previsto que volviera a desaparecer en 2013, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó su vigencia un ejercicio más.
Todas las comunidades, con la excepción de Madrid, aplican este impuesto sobre el que tienen una amplia capacidad normativa. El Ejecutivo de Ignacio González es el único que ha decidido bonificar al 100% el tributo, lo que significa que los residentes fiscales en Madrid no pagan por Patrimonio. El Gobierno madrileño, a diferencia de la mayoría, defiende la supresión total del impuesto
