La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) mantiene abierta desde hace meses una investigación para determinar si existe un abuso de posición dominante en la instalación de los nuevos contadores inteligentes de electricidad por parte de Endesa y de E.ON. Ambas compañías distribuidoras trabajan en exclusiva con aparatos importados de la multinacional italiana ENEL y sus respectivas redes de telegestión no están preparadas para admitir ningún otro tipo de contador fabricado en el mercado.
El expediente incoado por el organismo regulador viene heredado de sendas denuncias admitidas hace casi un año por las antiguas Comisión Nacional de Energía (CNE) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En ambos casos se trata de dilucidar hasta quíé punto los clientes están en condiciones reales de ejercer su derecho de elección a la hora de comprar o alquilar un determinado equipo de medida. Los contadores electrónicos son esenciales para poner en marcha el nuevo sistema de cálculo del recibo de la luz adoptado por el Ministerio de Industria.
Endesa y E.ON absorben en conjunto el 43% del mercado de contadores de telemedida y telegestión, que alcanza en España a un total de 27,8 millones de consumidores con una potencia contratada de hasta 15kW. Endesa, en su calidad de líder sectorial, acumula 11,5 millones de estos clientes, de los que cuatro millones ya tienen instalados los nuevos equipos de medida. E.ON, quinta compañía elíéctrica del país, suma otro medio millón de consumidores y prácticamente todos ellos con flamantes contadores inteligentes.
La fuerte penetración de ENEL en este segmento de negocio viene dada por la vinculación directa que ejerce la empresa controlada por el Estado italiano como propietario de Endesa, donde posee más del 92% de las acciones. En E.ON la relación comercial data de más antiguo si cabe ya que la empresa alemana opera en nuestro país como dueña de Electra de Viesgo, compañía que antes de pasar a la órbita germana perteneció tambiíén a la italiana ENEL.
Una normativa de la etapa de Miguel Sebastián
La CNMV se encuentra en una difícil encrucijada a la hora de resolver la presumible infracción que pudiera derivarse de una clara restricción a la competencia dentro de lo que se entiende como un mercado libre. La normativa actual, vigente desde la etapa del exministro de Industria Miguel Sebastián no establece la obligación de un servicio universal en la instalación de los contadores y tampoco exige que el software estíé soportado por un sistema operativo público o abierto al resto de competidores.
El conflicto que se plantea es equivalente al suscitado en la Unión Europea por Microsoft a raíz de la venta masiva del cíélebre Windows. Tras una batalla de años, las autoridades comunitarias de Competencia consiguieron doblegar la resistencia de la compañía estadounidense para que permitiera que sus sistemas informáticos dieran entrada a otros navegadores diferentes a Internet Explorer. La cruzada de la Comisión Europea contra Microsoft se ha saldado hasta la fecha con multas que superan los 2.000 millones de euros.
Dejando a un lado comparaciones que puedan resultar odiosas, no parece que el nuevo supervisor mayor del Reino disponga de resortes para forzar un cambio en la política comercial de las grandes distribuidoras. Entre otras razones porque los responsables de la regulación conocen desde hace tiempo la singularidad que rodea el mercado de los contadores elíéctricos en España, donde los consumidores han estado situados tradicionalmente los últimos de la fila.
Los informes de la anterior Comisión Nacional de Energía (CNE) ponen de manifiesto que muchos clientes no tenían hasta hace unos años información correcta sobre los derechos que les asistían para optar entre el alquiler de los contadores o su compra en propiedad. Aparte del desconocimiento, en muchos casos debido a falta de aclaración por parte de las empresas elíéctricas, los reguladores energíéticos han constatado que los equipos de medida que se venden en el mercado español tienen un sobrecoste para el consumidor que, a veces, llega a alcanzar el 150% del precio que paga la empresa distribuidora.
