El juez Josíé Castro acaba de hacer público el auto de acusación del caso Urdangarin en el que, tal y como adelantó EL MUNDO el lunes pasado, sienta en el banquillo a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma considera a Cristina de Borbón responsable de un delito contra la Hacienda pública como cooperadora de los dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en el IRPF de los ejercicios 2007 y 2008 a travíés de Aizoon, la sociedad familiar que comparten al 50%.
Asimismo, la considera culpable de blanquear el dinero público obtenido irregularmente a travíés del Instituto Nóos. La hermana del Rey Felipe VI se gastó dinero público desviado de Nóos a Aizoon en la reforma del palacete, obras de arte, clases de salsa y merengue, vestidos, viajes de lujo y cumpleaños infantiles. La juzgará la Audiencia Provincial de Palma.
Además, el juez Castro deja fuera al testaferro de Iñaki Urdangarin en Suiza, Robert Cockx, al colaborador del marido de la Infanta Cristina Mario Sorribas y al socio del duque de Palma en Valencia, el empresario Miguel Zorío.
"Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", explica en su auto el juez Castro.
Es más, añade Castro: "Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon".
"Hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de Aizoon, de los fondos ilícitamente ingresados en la mercantil, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos a costa de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear", apunta.
El juez Castro confirma que la sociedad Aizoon cometió delito fiscal en el ejercicio 2007 y que Hacienda, tal y como reveló EL MUNDO, dio por buenas tres facturas falsas por un importe de 69.990 euros para librarla. El magistrado reitera que dichas facturas no pueden nunca ser admitidas como deducibles porque responden a "servicios totalmente inexistentes".
En su auto de pase a procedimiento abreviado, con el que pone punto y final a la instrucción del 'caso Urdangarin', tambiíén considera que el duque de Palma debe ser juzgado por seis delitos: fraude, malversación, prevaricación, falsedad y dos fiscales (IRPF de 2007 y 2008).
A Diego Torres le imputa los cuatro primeros y uno fiscal (IRPF de 2007). El magistrado exculpa a Carlos García-Revenga, que se encontraba imputado desde enero de 2013 por su participación en la trama corrupta. El secretario personal de las infantas fue el tesorero del Instituto Nóos de 2003 a 2006.
La Fiscalía Anticorrupción recurrirá el auto de Castro al considerar que "no existen indicios de delito" en la participación de Cristina de Borbón en las actividades de Nóos y reiterará que todas las conductas penales son sólo atribuibles a Urdangarin y a Torres.
