Por... Amilcar Morales Garcia
Una conferencia social sobre el empleo, organizada por el gobierno francíés con los empresarios y sindicatos, comienza hoy en medio de la protesta de varios gremios que acusan al ejecutivo de otorgar cuantiosos beneficios al sector privado.
La reunión estuvo al borde del fracaso cuando el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), principal agrupación patronal del país, amenazó la semana pasada con no asistir a las reuniones programadas para este lunes y el martes.
Con el propósito de tranquilizarlos, el primer ministro galo, Manuel Valls, anunció la postergación hasta 2016 de la aplicación completa de una norma sobre el retiro anticipado de los trabajadores que realizan tareas en situación de riesgo para su salud.
La medida debía entrar en vigor en enero del año próximo y obliga a los empleadores a crear un fondo para ese tipo de pensiones.
El gobierno identificó 10 tipos de trabajos considerados peligrosos y que justifican la jubilación antes del límite fijado por la ley, de los cuales sólo cuatro recibirán este beneficio a partir de 2015 y los otros seis deben esperar un año más.
Si bien el Medef acogió con beneplácito este anuncio, los sindicatos protestaron porque no se les consultó antes y lo consideran un privilegio más para los empleadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la organización Fuerza Obrera (FO) advirtieron que participarán en la primera jornada, pero pueden retirarse el martes si el gobierno mantiene sus políticas favorables a los patronos.
De manera particular exigen garantías sobre el cumplimiento del llamado Pacto de Responsabilidad, el cual consiste en dar ventajas fiscales por 30 mil millones de euros a las empresas a cambio de crear nuevos empleos para combatir la elevada tasa de paro.
El Medef aceptó las exoneraciones de impuestos, pero se niega a comprometerse con la apertura de un número fijo de puestos de trabajo.
Actualmente hay tres millones 388 mil personas en edad laboral sin ningún tipo de actividad en Francia y si se agrega a quienes tienen un contrato a tiempo parcial o con salarios reducidos, la suma llega hasta cinco millones, algo nunca antes visto aquí.
Otro tema complejo en la reunión es la intención del gobierno y las empresas de reformar el Código de Trabajo para liberalizar aún más el mercado laboral.
