(PL)
Las expectativas crecen aquí en especial en medios oficiales y económicos de Argentina por la audiencia que se efectuará en Nueva York sobre el conflicto especulativo creado por los fondos buitres.
A solo nueve días de que venza el plazo para intentar un acuerdo con esos bonistas, renuentes a reestructurar la deuda como ha hecho el 93 por ciento de los acreedores de Argentina, todas las partes se encontrarán con el juez Thomas Griesa.
La cita del martes, aceptada por Griesa, la solicitaron representantes de acreedores y de bancos en los que Argentina depositó unos 900 millones de dólares para saldar, como viene haciendo, los adeudos reestructurados, pero congelados por el magistrado neoyorquino a favor de los fondos buitres.
Los acreedores que esperan la liberación de ese dinero buscan obtener una precisión del juez.
Además, estarán Griesa, los bancos fiduciarios y el pequeño grupo de tenedores de bonos que litigó contra el país y obtuvo fallo favorable del magistrado.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha reiterado su disposición a discutir con los reacios bonistas una solución reestructurada justa como ofreció a la gran mayoría de sus acreedores, y evitar así un problema que puede tener consecuencias sistíémicas en la estructura financiera internacional.
La preocupación de los directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial radica en que si no hay arreglo para las partes litigantes, desaparezcan los acuerdos de reestructuración del pago de la deuda logrados entre los países deudores con sus prestamistas.
Para avivar la políémica, los fondos buitres han venido propalando que Argentina podría declararse en cesación de pagos, default según el tíérmino en inglíés, lo cual ha sido rechazado.
El ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, dijo que el "default" es una acción voluntaria de un país que deja de pagar que no es el caso de Argentina, que ha venido pagando y lo hizo en el lugar que lo tenía que hacer, cumpliendo las normas y las reglas.
Los fondos fueron depositados en bancos estadounidenses, pero están retenidos por el dictamen de Griesa.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a involucrarse en el litigio de los fondos buitres, Griesa designó al abogado Daniel Pollack para que oficie de mediador en la negociación sobre la forma y el plazo del pago de mil 330 millones de dólares.
Ese fue el monto que fijó el magistrado a favor de ese grupo de bonistas, pero sin resultados concretos hasta hoy.
Ante esta situación, se abrió un período de gracia de un mes que vence el 30 de julio, para que Argentina no ingrese en lo que los economistas llaman una cesación tíécnica de pago.
