Por... MIGUEL íNGEL BASTENIER
Hasta la más tierna infancia argentina sabe lo que es un default. Tras largos meses de discutirlo, negarlo y, finalmente, asegurar que no era exactamente eso, el país ha entrado por segunda vez desde 2001 en lo que en España se llama suspensión de pagos.
La situación se produce por negarse Argentina a pagar unos 1.660 millones de dólares (1.196 millones de euros) a unos fondos buitre, especuladores que compraron deuda a tenedores de bonos que no habían aceptado las reestructuraciones —con una gran quita— de 2006 y 2010. Y Buenos Aires no ha pagado porque los acreedores no reestructurados podrían reclamar idíéntico trato, con lo que lo adeudado rondaría los 20.000 millones (unos 14.960 millones de euros). Para hacer el laberinto aún más intrincado, Argentina tampoco puede, por decisión de un juez de Nueva York, seguir pagando la deuda reestructurada hasta que se liquide esa situación.
Hoy se enfrentan dos relatos diametralmente opuestos. Para la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, se trata de una íépica defensa de la nación contra el capitalismo usurario. Y la oposición, formada por radicales, socialistas y antiperonistas en general, acusa al poder de improvisación y mal manejo de fondos públicos. Para la presidenta estas son unas nuevas Malvinas que trata de conjurar con invocaciones a Evita, al general Perón, fundador de la saga, e incluso al difunto presidente de Venezuela Hugo Chávez, del que dijo que "nunca se fue"; solo faltaba el pajarito. Sus críticos subrayan, en cambio, la falta de previsión de un Gobierno que había pagado en 2009 los casi 10.000 millones (7.480 millones de euros) que debía al Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que entonces no amenazaba ningún default.
Entre 2003 y 2013 el PIB creció un 83 % y Fernández arrasaba en las presidenciales.
El antiguo ministro de Economía, Roberto Lavagna, marcaba posiciones conciliadoras cuando, apuntando errores del poder e injusticias exteriores, calificaba a los fondos de contrarios al verdadero espíritu del capitalismo, ante lo que uno tiene que disentir, porque si es cierto que dan una imagen deplorable del sistema, están instalados de hoz y coz en su centro neurálgico: maximizar el beneficio tanto como la legalidad permita. En un año en el que se acumulan desgracias para la presidenta, como una disidencia peronista que encabeza uno de sus antiguos colaboradores, Sergio Massa; falta de candidato evidente para las elecciones, puesto que Fernández no puede presentarse por imperativo constitucional, y su vicepresidente, Amado Boudou, está imputado en un caso de cohecho y abuso de poder, sus detractores anuncian un rosario de desgracias si el default no se levanta pronto: inflación, hoy del 35 %; reducción del financiamiento exterior; aumento del riesgo país; falta de inversión interna; desempleo, y hasta una caída del PIB del 3 %.
Entre 2003 —con Kirchner de presidenta— y 2012 el PIB creció un 83 %; la soja pasaba de 230 dólares (172 euros) la tonelada a 500 dólares (373 euros) y el gasto social, en consonancia, crecía del 19 % al 32 %; y en 2011 Fernández arrasaba en las presidenciales. Pero en octubre pasado solo salvaba apuradamente la mayoría en las Cámaras y comenzaba un declive potenciado por la crisis económica mundial y unas cuentas que, con los gruesos subsidios a los menos favorecidos, ya no cuadran. El kirchnero-cristinismo vive por ello un aparente final de reinado.
