Por... Raymundo Riva Palacio
Exxon y Chevron, la cuarta y novena empresas petroleras más grandes del mundo –Pemex es la octava en la lista de Forbes–, llevaban meses con abogados siguiendo el proceso de la reforma energíética en Míéxico. Sus preocupaciones, como las de otras compañías interesadas en aprovechar la apertura energíética, están en los impuestos, órganos reguladores, áreas de exploración y producción y la violencia en las zonas infectadas con narcotráfico. Lo que no han visto todavía es lo que deberían observar: la nueva generación de empresarios petroleros mexicanos que está construyendo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hay una racional detrás de todo. No basta permitir únicamente la inversión privada sino, como un asunto de Estado, fortalecer a empresas mexicanas. Experiencias anteriores donde la falta de preparación de la industria mexicana provocó su declive –como el textilero– como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, y la mala selección de grupos de inversionistas que provocó la crisis en la banca privatizada, son errores que no pueden repetirse. En esta dirección ha apuntado el gobierno, que ha estado armando este nuevo grupo para robustecerlo ahora que se abrió el sector por primera vez en 70 años.
EL FINANCIERO publicó hace tiempo una lista de los empresarios involucrados en el sector energíético, que podrían beneficiarse de la apertura. Algunos de ellos son leyendas dentro de la industria, como Ramiro Garza Cantú, presidente del Grupo R, probablemente quien más plataformas petroleras maneja en Míéxico para Pemex, o con gran experiencia como Adrián García-Pons, de Arendal, cuyo papel como una de las grandes empresas constructoras de ductos, la hace vital en la estrategia para acelerar inyección de recursos en Míéxico, mediante la conexión de los sistemas de gasoductos en Estados Unidos y Míéxico.
En esta generación de empresarios petroleros mexicanos se encuentran tambiíén los hermanos í“scar y Luis Vázquez Sentíes, que fundaron en 1973 el Grupo Diavaz que trabaja los campos maduros de Pemex, y al que se asoció con un 20 por ciento de las acciones el fondo Evercore Partners, cuyo director en Míéxico es Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y quien le dio la primera oportunidad de trabajo en el sector público a Luis Videgaray, actual jefe de las finanzas del gobierno. Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, no está fuera de este grupo que en los últimos años aumentó su selecta membrecía con Carlos Slim, a travíés de CICSA y Swecomex, que construye y perfora pozos, y su socio en Mexichem, Antonio del Valle, asociado a la vez con su hermano Adolfo en Constructora Latina, que provee, entre otras cosas, servicios de plataformas a Pemex.
En el sexenio de Felipe Calderón, uno de los empresarios más beneficiados por su gobierno fue Federico Martínez, de Tradeco, que producía petróleo y rentaba plataformas a Pemex, y en 2012 se fundó Oro Negro, que preside Josíé Antonio Cañedo White, hijo de Guillermo Cañedo, uno de los grandes hombres en la historia de Televisa a la cual estuvo ligado corporativamente, y primo de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y director de la empresa. Los dos son financieros, pero el hombre de la experiencia en Oro Negro es un viejo asociado a Gil y exdirector de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
Los gobiernos panistas vieron el fortalecimiento de empresas petroleras como Oceanografía, Tradeco, Oro Negro y Blue Marine, que fundó un exejecutivo de Pemex, Juan Marcos Issa, y que hoy dirige su yerno, Juan Reynoso Durand, que forman la segunda generación de empresarios petroleros mexicanos, que compitieron con gigantes multinacionales
–como Schulemberger, Halliburton o Chevron–, pero dentro de un marco regulatorio totalmente diferente. La pregunta si el gobierno de Peña Nieto quiere a estos petroleros mexicanos en el futuro del negocio, o empieza la construcción de una totalmente nueva generación, está respondida. Este gobierno camina hacia el relevo generacional, recuperando selectivamente a la segunda oleada de petroleros, y edificando una nueva.
En los últimos meses ha habido presiones contra algunas de las empresas de más reciente creación, para que se alíen con nuevos jugadores. Quienes más sufrieron inhibiciones, de acuerdo con fuentes de la industria, fueron Blue Marine, Evya y Oceanografía –estas dos últimas investigadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por irregularidades en contratos con Pemex–, a quienes según fuentes de la industria, obligaron a aliarse con socios designados, o fueron víctimas de compras hostiles.
Una de las nuevas empresas que están llegando a jugar por la puerta grande que abrió el gobierno es Seadrill, a la que en octubre pasado le adjudicó Pemex directamente cuatro contratos por más de mil 600 millones de dólares. El presidente de la naviera sueca Seadrill, John Fredriksen, buscó el año pasado nuevos socios petroleros en Míéxico, pero en Pemex vetaron a sus candidatos. En cambio, le recomendaron buscar el fondeo de David Martínez, un mexicano muy respetado en Wall Street. Seadrill, con el apoyo de Martínez, se ha convertido es el principal contratista de Pemex en extracción de petróleo en aguas profundas, y por los antecedentes recientes, con ventaja sobre el resto de las multinacionales que apenas están viendo dónde invertirán en Míéxico.
Seadrill y sus socios mexicanos no son el todo de esta nueva generación que apoya el gobierno de Peña Nieto, pero es el botón de muestra de lo que está surgiendo con la reforma energíética.
