La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la trama de corrupción de la familia Pujol está extendiíéndose a los diferentes miembros del clan como si fuera una mancha de aceite. Hasta ahora, los procedimientos judiciales se han centrado en Oriol Pujol, imputado por tráfico de influencias y soborno en el caso de las ITV, y Jordi Pujol Jr., investigado en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones ilegales. Pero los agentes expertos en delitos económicos ya manejan datos que afectan a otro de los siete hijos del expresidente de la Generalitat. Según fuentes policiales consultadas por El Confidencial, la UDEF ya ha puesto el foco en Josep Pujol por la venta de su consultora Europraxis a Indra.
La operación se cerró en abril de 2001 cuando Jordi Pujol Soley aún era jefe del Ejecutivo catalán. Indra adquirió la empresa de su hijo Josep por 44,4 millones de euros. La compra se efectuó en dos pasos. La multinacional tecnológica española se quedó primero con el 25% del accionariado de Europraxis y, posteriormente, el 31 de diciembre de ese mismo año, con el 75% restante. Josep Pujol y los otros cinco socios con los que compartía la consultora se repartieron los fondos.
Indra admitió entonces que los únicos activos de Europraxis eran sus propietarios y el mercado en el que había estado operando. En aquellos momentos, Cataluña apenas representaba para Indra el 6% de su facturación, un porcentaje muy inferior al 20% que suponía la economía catalana en el conjunto de las finanzas nacionales. Lo cierto es que, sólo unas semanas despuíés de que Josep Pujol pactara con Indra la venta de su compañía, la tecnológica española comenzó a conseguir adjudicaciones de la Generalitat por importes millonarios.
La UDEF ha puesto sus ojos en esa venta 13 años despuíés de que se produjera en el marco de las investigaciones que ya está realizando bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre las presuntas comisiones ilegales cobradas por el hermano mayor de Josep, Jordi Pujol Jr. Según fuentes cercanas a las pesquisas, los agentes han comenzado a recabar datos sobre esa compra de Indra ante la sospecha de que pudo servir para que Josep blanqueara fondos ilícitos procedentes igualmente de comisiones ilegales. El mecanismo habría sido exactamente el mismo al que recurrió Jordi Pujol Jr. las ganancias que obtenía por conseguir adjudicaciones y favores administrativos de la Generalitat para empresas privadas, según ha acreditado la UDEF en el último informe que ha remitido al instructor del procedimiento, el juez Pablo Ruz.
En el caso de Josep Pujol, los expertos en delitos económicos de la Policía cuestionan que su consultora valiera realmente en aquel momento los 44,4 millones de euros que desembolsó Indra. Apuntan que cuando se produjo la operación, Europraxis apenas disponía de activos y trabajadores en plantilla. A juicio de los agentes, el precio de compra pudo estar condicionado por el compromiso de que esa operación se traduciría en adjudicaciones del Gobierno de Cataluña, controlado entonces por CiU.
Indra ha asegurado que la operación fue totalmente legal y que la adquisición le permitió introducirse en el mercado de la consultoría, en el que ahora factura 65 millones de euros. Además, añade que la mayoría de los socios de la empresa catalana continúan en el grupo. Otras fuentes indican que la incorporación de Josep Pujol, Javier Piera, Manel Brufau y Joan Vergíés formaba parte del acuerdo de adquisición.
El hijo del expresidente de la Generalitat, economista por ESADE y MBA por la Universidad de Nueva York, sigue como responsable comercial de Europa de Indra, mientras Manel Brufau, hermano del presidente de Repsol (Antonio Brufau), es el jefe de Cataluña de la empresa presidida por Javier Monzón. Piera, que en su día era candidato a ser consejero delegado, murió en 2009 de forma repentina. Por su parte, Vergíés, que llegó a ser director general, fue despedido por Monzón hace dos años.
Todos ellos recibieron una prima de ocho millones de euros hace cinco años por, según la versión oficial, conseguir determinados objetivos financieros de facturación. La mayor parte se la apuntó Josep Pujol, ya que era el mayor accionista de Europraxis (22% del capital).
