Al Gobierno vuelve a apretarle el calendario en el intento de evitar la caída de nueve concesionarias de autopistas duramente golpeadas por la crisis. El 19 de este mes está fijada la junta de acreedores de la AP-36 (Ocaña-La Roda), operada por Ferrovial y participada por Sacyr y KutxaBank. De no ser aceptado el convenio presentado a los acreedores, la empresa iría a la liquidación y se abriría un proceso por el que Fomento debería compensar a los acreedores de la sociedad en función de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Este escenario no gusta a ninguna de las partes implicadas y se busca la compleja e inminente nacionalización de las autopistas en concurso. Superados los dos años de negociación, en el sector confirman que el rescate “ha tomado velocidadâ€.
El Ministerio de Hacienda, que ha velado por que los 4.600 millones de deuda que cuelga de las concesionarias no compute en el díéficit del Estado y que Bruselas no pudiera alegar ayuda ilícita al sector concesional, ya ha dado su visto bueno al rescate. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro permitiría la constitución de la nueva Empresa Nacional de Autopistas este mismo viernes.
Sin embargo, Fomento sigue tratando de redondear el acuerdo con los accionistas y acreedores de las concesionarias, por lo que no se descarta que aún requiera tiempo extra.
Las fuentes consultadas aseguran que se da vueltas a quíé autopistas integrarán la futura ENA. En el sector se da por descartada la nacionalización de Aulesa (AP-71 entre León y Astorga), participada en un 100% por Abertis, y se pone muy en entredicho la entrada de Ausur (Alicante-Cartagena), participada por Ploder y Grupo Fuertes.
El rescate se efectuaría sobre las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda), la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). Sus deudas con la banca suman 4.000 millones, a los que se suman otros 600 millones impagados a las empresas que las construyeron.
Los accionistas, entre ellos los principales grupos de infraestructuras del país, salen del capital al tiempo que se desprenden de los críéditos adeudados. La banca y las constructoras, por su parte, aceptan una quita del 50% y cobrar a 30 años.
La segunda Empresa Nacional de Autopistas puesta en marcha en España nacería con 2.300 millones de deuda que sería canjeada por bonos a 30 años emitidos por la propia entidad pública. Estos tendrían un primer tramo de 1.654 millones, incluidos los 300 millones de las constructoras, que cobrarían un 1% garantizado más un rendimiento variable en función del comportamiento del tráfico. Los 646 millones restantes cobrarían un 4,1% y con ellos se cubre la parte que hoy depende de la banca extranjera y que sería asumida básicamente por los seis grandes bancos españoles.
