ACS ha vuelto a salirse con la suya. La compañía presidida por Florentino Píérez ha convencido al Gobierno para que el agujero de 1.400 millones originado por la construcción ineficiente del gaseoducto del Castor corra a cargo de un grupo de bancos y de Enagás, empresa participada por el Estado. Fuentes del sector indican que el Consejo de Ministros aprobará en breve que sea un grupo de entidades financieras y el gestor único de la infraestructura gasística quienes se hagan cargo de una factura que finalmente supondrá un aumento del precio del gas para los consumidores.
El pacto lo ha alcanzado Florentino Píérez con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, despuíés de conseguir el beneplácito del ministro de Industria, Josíé Manuel Soria. El político canario ya reconoció públicamente este verano que “no había otra opción†que indemnizar a ACS debido a que cuando se aprobó la construcción en 2008 se incluyó una cláusula por la que se permitía la renuncia del constructor en el caso de que la inversión se considerase no rentable.
Una vez aceptada la carga tras la decisión de Florentino Píérez de abandonar el proyecto el pasado mes de julio, el Gobierno consultó con la Comisión Europea cómo debía contabilizar esos 1.400 millones. La respuesta de Bruselas fue que pasaría a aumentar el díéficit público, notificación que sentó como un tiro en los aposentos de Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda se negó a aceptar esta factura envenenada, por lo que instó a Rajoy y al responsable de Industria a que buscaran otra solución.
A falta de cerrar los últimos flecos, el mal arreglo consiste en que Enagás se hará cargo de la “hibernación†de Castor, es decir, del cierre de la planta situada entre Tarragona y Castellón, y el mantenimiento de la instalación. Al mismo tiempo, el Gobierno está trabajando con un grupo de bancos, entre los que destacan Banco Santander, BBVA, CaixaBank y alguna entidad extranjera para articular un mecanismo de financiación con el que pagar a los bonistas que previamente financiaron la construcción del gaseoducto submarino.
Debido a que la instalación no va a entrar en funcionamiento, los inversores que compraron los bonos emitidos por Escal, cuyo mayor accionista es ACS, tienen derecho a que se les devuelva el dinero el 30 de noviembre como fecha límite. Industria está sopesando con estos bancos cuál es la mejor alternativa para evitar que el agujero del Castor recaiga sobre el balance de Enagás, que vería aumentado sensiblemente su endeudamiento en el caso de que finalmente tuviese que hacerse cargo del coste financiero de la infraestructura.
Contra los consumidores
Una de las opciones es que la banca se haga cargo de estos bonos con una nueva emisión a largo plazo –podría rondar los 20 años– a cambio de recibir una rentabilidad que cobraría a cargo de los agentes del sistema gasístico, es decir, la propia Enagás y todas las distribuidoras, como Endesa, Iberdrola y Gas Natural. Evidentemente, estas compañías traspasarían ese coste a los ciudadanos más tarde con un aumento de la tarifa mensual del gas. En definitiva, el fracaso del proyecto de Florentino Píérez se repartiría solidariamente entre los consumidores.
La maniobra de ACS es un golpe en la línea de flotación de Enagás, que en enero entró en una guerra dialíéctica con el presidente del Real Madrid por la responsabilidad en la construcción del gaseoducto. La compañía presidida por Antonio Llardíén negó cualquier implicación en el proyecto y comunicó oficialmente a la CNMV que no compraría ninguna participación en Escal hasta que se supiese con certeza que entraría en funcionamiento.
Florentino Píérez, que siempre ha negado que Castor tuviese ningún problema y que los seísmos registrados en Vinaroz estuviesen relacionados con la obra, se ha salido finalmente con la suya. El aterrizaje en Enagás de varios consejeros afines al PP, como Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio e Isabel Tocino, una asidua al palco del Santiago Bernabíéu, ha inclinado la balanza
