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La ley otorga al Estado el poder de clausurar empresas o confiscar mercancía en caso de que se comprueben aumentos injustificados en los precios o ganancias abusivas.
La Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley el jueves en la madrugada un proyecto oficial para regular la actividad de las grandes empresas, que fue criticado por opositores y empresarios que consideran que la norma ahuyentará inversiones.
La nueva ley, que reforma una vieja norma conocida como "ley de Abastecimiento", tuvo el aval de 130 diputados contra 105 votos negativos y otras cinco abstenciones.
El Senado le había dado media sanción hace dos semanas.
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La medida otorga al Estado poder para clausurar empresas o confiscar mercadería en caso de que se comprueben aumentos injustificados de precios o ganancias abusivas, lo que despertó nuevas críticas contra el gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández.
Esta ley "permite defender a la pequeña y mediana empresa, promover inversión, estimular el empleo de las economías regionales", dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Además, sirve para "generar las condiciones para una regulación por parte del Estado a efectos de evitar el abuso de posición dominante y la apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción".
En el país sudamericano ya rige una norma sobre abastecimiento que regula la actividad económica. Muchos empresarios y opositores consideran que la nueva ley implica una mayor injerencia del Estado en la economía.
Diversos sectores clave, como el agropecuario, acusan desde hace años a la presidenta Fernández de perjudicar la actividad con la intervención estatal que promueve el gobierno, restringiendo importaciones o exportaciones o limitando el acceso a divisas.
El gobierno afirma que sus políticas activas buscan fortalecer a los sectores de menores recursos ante la desaceleración de la economía.