¿Cuánto subirán las pensiones en 2015? Lo decidirá formalmente el consejo de ministros de este viernes, pero fuentes de absoluta solvencia señalan que el incremento que finalmente saldrá adelante será del 0,25%. En el mejor de los casos -siempre que los precios no suban por encima de esa tasa- las pensiones ganarían algo de poder adquisitivo (el IPC está cayendo ahora a un ritmo anual del -0,5%).
No sucederá lo mismo en el caso de los empleados públicos, que, por quinto año consecutivo, sufrirán una congelación de sus salarios. Los funcionarios, al menos, recuperarán alrededor de una cuarta parte de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012, aunque en el caso de las comunidades autónomas la cuantía dependerá de cada parlamento regional. La recuperación forma parte de un compromiso adquirido por Cristóbal Montoro formulada cuando íél mismo la eliminó hace casi dos años. Sin embargo, no hay que olvidar un aspecto fundamental para entender el anuncio del ministro de Hacienda en su verdadera dimensión.
Un buen número de tribunales ha condenado a las distintas administraciones a devolver a los empleados públicos una parte de la paga -44 días- toda vez que la decisión del Consejo de Ministros se tomó cuando se había producido ya el devengo de una parte de esa nómina (el derecho). Por lo tanto, la medida tenía un evidente carácter retroactivo (algo prohibido por las leyes). De ahí que, según el sindicato CSI-F, lo que ha hecho el Gobierno es un “regateoâ€, ya que “los tribunales reconocen ya a los empleados públicos su derecho a cobrar un 25%â€.
El Gobierno aprobará hoy un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que en líneas generales supone abrir la mano del ajuste respecto de los tres años anteriores, aunque haciíéndolo compatible con la senda de reducción de díéficit público impuesta por Bruselas. Es decir, con escaso margen de maniobra.
La subida del 0,25%, además de ser un guiño político en un año electoral, tiene un evidente componente anticíclico debido al enorme peso que tienen las pensiones -8.000 millones de euros mensuales- en el conjunto de la actividad. Hay que tener en cuenta que la ralentización del crecimiento económico en los principales países de la UE es algo más que evidente y el riesgo de deflación es cada vez mayor. De ahí que fuentes del Gobierno insistan en que es muy probable que los pensionistas ganen poder adquisitivo, aunque sea de forma ligera.
Las últimas previsiones del Gobierno -que serán revisadas este viernes- sitúan el deflactor del consumo privado (el indicador más aproximado al IPC en tíérminos de Contabilidad Nacional) en el 0,9%, pero esta estimación será revisada con toda seguridad a la baja. El consenso de Funcas (formado por 18 institutos de coyuntura) sitúa el IPC en 2015 (media anual) en el 0,8%. Es decir, por encima de la revisión de las pensiones que prevíé aprobar hoy el Gobierno. En todo caso, el incremento es coherente con el nuevo sistema de revalorización aprobado por el Ejecutivo, y que en síntesis lo vincula a una serie de parámetros de la Seguridad Social (situación financiera, empleo o variaciones demográficas).
Una ‘ilegalidad’
Ayer, el Gobierno no aclaró que hará con otras variables del sistema público de protección social. Aunque está obligado a informar al consejo general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del anteproyecto de ley de Presupuestos, no lo hizo argumentando que las cifras las podía cambiar el Consejo de Ministros. Según Carlos Bravo, responsable de políticas de pensiones de CCOO, esto es una “ilegalidadâ€, por lo que los sindicatos -que forman parte del consejo- protestaron formalmente.
Los representantes del Gobierno tan sólo aclararon ayer que las bases mínimas subirían en línea con lo que lo haga el salario mínimo. Algo que sugiere una congelación. Por el contrario, las bases máximas es probable que suban, pero sin llegar al 5% que se incrementaron en los últimos años, lo cual ha quebrado aún más la contributividad del sistema, ya que la pensión máxima no ha subido en la misma proporción.
Lo único que se conoció ayer de forma oficial es el presupuesto del Fondo de Garantía Salarial, que se destina en su totalidad a pagar las prestaciones que debe abonar el Fogasa por indemnizaciones y salarios en caso de insolvencia empresarial. En 2015, ascenderá a 1.036 millones de euros, lo que, según los sindicatos, “no es creíbleâ€, ya que la previsión de gasto real en prestaciones para 2015 será muy superior.
Los sindicatos recuerdan que el Fogasa tiene una gran cantidad de expedientes atrasados sin resolver, que a final de año pueden superar los 120.000, afectando a más de 150.000 trabajadore.
El hecho de que el Gobierno vaya a hacer una política fiscal menos restrictiva (para nada se puede hablar de expansiva) se manifestará tambiíén en la oferta de empleo público, aunque de una forma muy tímida. Ayer, los sindicatos conocieron que la tasa de reposición (la diferencia entre los empleados públicos que se jubilan y los que entran) se situará en el 20% (el doble que hace un año), lo que significa lisa y llanamente que el 80% de las plazas se quedarán sin cubrir.
La situación es preocupante, como sostienen los sindicatos, toda vez que efecto combinado provocado por la no renovación de plantillas –debido a las restricciones en la oferta pública de empleo– y el propio envejecimiento de los funcionarios está llevando a una situación singular. El número de pensiones abonadas dentro del sistema de clases pasivas (ajeno al sistema de la Seguridad Social) está creciendo a un ritmo del 7% anual. O lo que es lo mismo, el año pasado acabó con 822.254 jubilados civiles acogidos a la legislación posterior a 1985, lo que representa 55.157 más que un año antes.
