Por... Níéstor Rosa-Marbrell
Profunda insatisfacción ha causado la determinación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico de imponer una multa de 3,5 millones de dólares a la casa de corretaje UBS Financial Services.
La sanción impuesta tambiíén conlleva la devolución de 1,6 millones de dólares a unos 34 clientes que fueron inducido a hacer inversiones de alto riesgo sin brindarles la orientación correcta.
Para el abogado Harold Vicente, quien lleva una acción judicial de decenas de ciudadanos que perdieron sus únicos ahorros para su retiro, la sanción impuesta por OCIF es diminuta en comparación del daño causado con las inversiones especulativas.
"Si UBS acordó pagar 3,5 millones de dólares y restituir sobre 1,6 millones luego de hallazgos de irregularidades por la OCIF, relacionadas con la venta y supervisión de fondos mutuos, es porque trata de salir de sus entuertos sin asumir mayor responsabilidad", expresó la diputada Lourdes Ramos, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP).
La legisladora solicitó al gobernante, Alejandro García, que se integre a la demanda que hay contra la casa de corretaje por la debacle en el Sistema de Retiro de los empleados públicos.
La firma UBS Financial Services, según la legisladora, es responsable de la crisis en el Sistema de Retiro del Gobierno por la fallida emisión de tres mil millones de dólares en bonos durante el gobieno de Aníbal Acevedo, del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
"Llegó la hora de que UBS y todos los que tramaron la quiebra del Sistema de Retiro respondan por sus actos", reiteró la parlamentaria.
Para el licenciado Vicente la sanción a UBS no está a la altura del daño causado a los ahorros de los puertorriqueños, ya que se perdieron unos cuatro mil millones de dólares de ahorros al colapsar los denominados fondos mutuos cerrados.
Refirió que UBS se lucró en miles de millones de dólares a costa de los ahorros, del retiro de miles de puertorriqueños y le imponen "una multita que no guarda proporción alguna", lo que dejó sin ingresos a personas mayores, incapacitadas o jubiladas que se quedaron sin ingresos al caer el valor de las carteras de inversiones.
La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela) demandó en mayo pasado a UBS Financial Services en reclamación de 70 millones de dólares que perdió entre los años 2010 y 2012 en el mercado de bonos.
En su oportunidad, Pablo Crespo, director ejecutivo de Aeela, explicó que el reclamo se hizo bajo el fundamento de que la entidad estadounidense reguladora Financial Industry Regulatory Authority, confirmó que tomaría las acciones necesarias para proteger y salvaguardar los ahorros y el patrimonio de sus 200 mil asociados.
"UBS tenía conocimiento del número de familias que se benefician y dependen del apoyo que les presta Aeela , pero desafortunadamente movida por el lucro decidió velar por sus propios intereses, en vez de los intereses de Aeela, para enriquecerse y reducir su propio inventario de bonos de alto riesgo", explicó Crespo.
