Nueva papeleta para el ICAC. El organismo regulador de los auditores, dependiente del Ministerio de Economía, se ha convertido en el ariete por excelencia que el ministro Luis de Guindos está empleando en su batalla de poder con las llamadas ‘Big Four’; Deloitte, KPMG, PwC y Ernst&Young, así como con las principales corporaciones profesionales del sector. Esta vez, el oscuro objeto de discordia ha sido Aena y su cíélebre OPV, retrasada despuíés de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se negase el pasado viernes a ratificar el doble papel de PwC como auditor de la entidad y responsable de otorgar la carta de conformidad para la salida a bolsa.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, acudió al último Consejo de Ministros del pasado viernes con la certeza de apurar el trámite que exigía la autorización del máximo órgano colegiado del Gobierno sobre el dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP). Esta institución, presidida por Luis Gamir y creada en 1996 a raíz del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, informó favorablemente sobre la venta del 49% de Aena, pero la legislación establece que todos sus dictámenes sean elevados al Consejo de Ministros aunque no tengan un carácter vinculante.
La reunión en el Palacio de la Moncloa sólo tenía por objeto cubrir el expediente para dar el pistoletazo de salida a la oferta pública del gestor aeroportuario e iniciar los contactos formales en lo que se denomina el road show habitual en este tipo de operaciones financieras. El problema de fondo se planteó cuando el ministro de Economía encendió el debate para poner el dedo en la llaga del doble papel asignado al auditor de Aena, la firma PwC, en la que curiosamente trabajó el propio Luis de Guindos como responsable de la división financiera entre noviembre de 2008 y febrero de 2010.
Carta de conformidad para salir a bolsa
Con independencia del historial del ministro o, a lo mejor tambiíén por esta razón, lo cierto es que el máximo responsable de la política económica ha querido ser extraordinariamente escrupuloso a la hora de identificar cualquier eventual conflicto de interíés que pueda afectar al ámbito de su competencia. PwC es el auditor habitual de cuentas en Aena y, tambiíén como tal, ha sido el encargado de rubricar la denominada comfort letter o carta de conformidad que precisan los bancos colocadores de la OPV para vender las acciones de cualquier entidad que pretende cotizar en los mercados.
La práctica generalizada de las salidas a bolsa demuestra que casi siempre es el mismo auditor de cuentas el responsable de otorgar el certificado de calidad cuando una empresa formula su oferta pública, ya sea de venta directa o de suscripción de nuevas acciones. Enaire, la sociedad matriz encargada de la privatización de Aena, no hizo más que seguir la norma tradicional sin reparar en que su decisión de contratar directamente a PwC para estos menesteres podía acarrear la negativa de Luis de Guindos.
Se da la circunstancia de que el Ministerio de Economía está representado en el consejo de administración de Enaire a travíés del director general de Política Económica, Ignacio Mezquita, quien quedaría ahora gravemente desautorizado si finalmente la OPV de Aena fuera embarrancada por falta de respaldo institucional. La alternativa para desbloquear la variopinta situación que se ha creado pasa por el ICAC y, más concretamente por su presidenta, Ana María Martínez-Pina, a quien se le ha solicitado un dictamen urgente que asegure la idoneidad de PwC en todo el proceso de salida a bolsa de Aena.
Un callejón sin salida para el ICAC... o para Aena
La primera reacción del organismo controlado por el Ministerio de Economía fue negativa. El ICAC rechazó el viernes la posibilidad de una respuesta inmediata, como requería Aena y exigía tambiíén la CNMV, para poder verificar el folleto de la oferta en bolsa. En realidad, el organismo del Estado que tutela a los auditores está atrapado en un callejón sin salida despuíés de haber multado a Deloitte precisamente por realizar trabajos adicionales a su pura labor de auditoría en Bankia. El caso de Aena es de análoga naturaleza y, si ahora el ICAC diera la razón al auditor, estaría demostrando una flagrante incoherencia administrativa. Dicho de otro modo, si PwC recibe el beneplácito del Ministerio de Economía, Deloitte tendrá virtualmente ganado su recurso contencioso contra el Gobierno.
La semana entrante va a ser intensa para desbloquear la situación porque el Ministerio de Fomento se niega a cambiar el calendario de la OPV de Aena. La opción de aplazar la operación a los primeros meses del próximo año, como están haciendo otros emisores, no es válida en el caso del gestor aeroportuario. La venta del 49% de Aena tiene muchos detractores que han tratado de hacer naufragar la privatización y la proximidad de unas elecciones autonómicas en España sería el mejor argumento de oposición para pasar página y abandonar el proyecto hasta la próxima legislatura en una especie de ‘síécula seculórum’ para nunca jamás.
Fuentes oficiales esperan que el ministro de Economía no lleve el supuesto conflicto de intereses de PwC hasta sus últimas consecuencias y que la operación pueda ser aprobada con todas las bendiciones en el Consejo de Ministros del próximo viernes, día 31. Hace falta que antes el auditor pueda firmar la carta de conformidad y completar así, con o sin apoyo del ICAC, toda la documentación que demanda la CNMV para dar luz verde a la oferta pública. En cualquier caso, si algo está claro es que la OPV de Aena y el papel de PwC no son ajenos del todo a la ‘guerra fría’ entre el ministro y el sector de auditoría. Es de esperar que, a la postre, todo quede en un susto y Luis de Guindos despeje la pista para que el despegue de Aena en bolsa puede realizarse sin mayores problemas el próximo 12 de noviembre, tal y como estaba previsto.
