Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Lo dice el refrán, aunque el verdadero tesoro es tener un familiar en política. Eso es lo que parece ocurrir actualmente: las empresas que emplean a familiares de la alta elite política van viento en popa y reciben adjudicaciones públicas de modo, muchas veces, tremendamente sorprendente, por decirlo amablemente.
Esta situación tiene un fiel reflejo en la realidad catalana: las empresas que contrataron como altos directivos a familiares directos del presidente catalán, Artur Mas, han recibido un maná del cielo en forma de cientos de millones de euros de fondos públicos durante los últimos cuatro años. Así de simple y así de escandaloso: en total, casi 440 millones de euros adjudicados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo público de la Generalitat que controla todo el sector. Si tenemos en cuenta algunos contratos del año 2010 (aunque en ocasiones formalizados al año siguiente) tanto de empresas individuales como en concurrencia dentro de una UTE (unión temporal de empresas), el monto se eleva a prácticamente 450 millones de euros. En concreto, 449.860.671,16 euros. Si nos atenemos a los contratos estrictamente adjudicados con posterioridad al 1 de enero del 2011, la cifra llega a los 440.414.520 euros.
El grueso de las adjudicaciones llegó en el año 2012, con Artur Mas ejerciendo de president y a punto de romper con el PP. Sólo unos días antes de visitar al presidente en la Moncloa, donde Mas llegó con la petición de un concierto fiscal para Cataluña, la Generalitat adjudicó más de 250 millones de euros en contratos a empresas donde figuraban Juan Antonio Rakosnik, cuñado de Mas, y Elena Meníéndez Rakosnik, sobrina del mandatario. Poco despuíés de romper peras con Rajoy, y mientras convocaba elecciones anticipadas, Mas volvía a adjudicar otros 179 millones de euros a la empresa donde figura su cuñado.
Los primeros cuatro contratos fueron concedidos en una fecha tan poco propicia como el 10 de agosto, cuando la inmensa mayoría de ciudadanos disfrutan de sus vacaciones veraniegas y toda actividad administrativa queda reducida a mínimos.
En el caso de Cataluña no fue así: un grupo de funcionarios trabajaba denodadamente en pleno mes de agosto para repartir un trozo del pastel del dinero público destinado al área de las telecomunicaciones. En realidad, el expediente de adjudicación se había iniciado el 16 de noviembre del 2011, pero no se tomó ninguna determinación hasta el periodo vacacional del año siguiente. El contrato LT2B por un total de 125.904.706,72 euros se concedió a una UTE en la que figuraban Fujitsu Technology Solutions, Canon España SA, BPO SA y Microsistemes SA.
El mismo día 10 de agosto, se firmaba otra acta con más adjudicaciones. La UTE Itteria se hacía con dos suculentos contratos. El primero le reportaría 25.911.912,33 euros y el segundo otros 50.340.568,51. En esta unión temporal de empresas se encuadraban las compañías Seidor SA, Seidor Consulting SA, SBS Seidor SA, Aventia y Com 2002. Las tres primeras pertenecían al grupo que había fichado al cuñado del president.
Desaparición de datos en internet
De esas adjudicaciones, tanto Microsistemes como Seidor forman parte del mismo grupo, que a finales del 2009 fichó como directivo a Juan Antonio Rakosnik. Por aquella íépoca ya se vislumbraba la debacle del tripartito y la conquista del poder por CiU, con Artur Mas al frente. Rakosnik ya había sido fichado por el último Gobierno de Jordi Pujol, cuando Mas era conseller en cap (consejero jefe). Fue nombrado coordinador informático en Agricultura, pero representando a un organismo público.
Que algo hay que ocultar parece evidente, toda vez que en los últimos tiempos Juan Antonio Rakosnik cambió sustancialmente su perfil de LinkedIn y borró todas las huellas de su currículum histórico. Su nuevo perfil le identifica sólo como “consultor†de Seidor desde el 2008. Tambiíén le reconoce una experiencia como delegado de Altran de 2001 a 2002. Nada más.
Hasta 2012, no obstante, ese currículum era mucho más comprometido políticamente. El perfil borrado le asignaba cargos de coordinador del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en la consejería de Agricultura, consultor en Ubica Solutions, responsable del sector público en Raxon IT Services, subdirector en Galicat Invest, consultor en Telvent (una empresa de energía eólica con fuertes conexiones políticas y adjudicaciones públicas), gerente de relaciones humanas en Mercadona y su último cargo: “Responsable de Calidad de Servicio de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad en Microsistemes SA†(sic), además de “consultor asociado†en RKS Consulting. El primer dato curioso es que Rakosnik había sido empleado del CTTI, el organismo que ahora abre el grifo de las adjudicaciones millonarias a las empresas vinculadas a íél.
Todos estos cargos relacionados con la política o la Administración desaparecieron misteriosamente de su perfil despuíés de que la CNT denunciara ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) las dudosas adjudicaciones del CTTI. Fuentes del funcionariado de la propia Generalitat señalan a El Confidencial que Juan Antonio Rakosnik fue despedido de la consejería de Agricultura cuando el tripartito llegó al poder “y se dio cuenta de que el cargo que tenía lo debía estar ocupando otro tíécnico de la misma consejería. Además, su salario era de alto standing, de unos 100.000 euros anualesâ€. En realidad, según la CNT, en abril del 2002 había sido contratado para coordinar los sistemas informáticos del departamento y en representación del CTTI, cuando íél pertenecía a una empresa externa. De la denuncia ante la OAC nada se sabe, y desde algunos círculos del funcionariado se hace hincapiíé en la parcialidad de este organismo cuando los escándalos que investiga afectan a CiU.
A pesar del tropiezo con el Tripartito, el cuñadísimo –apodo por el que se le conoce en algunos círculos– volvió a tener voz y voto en la Administración despuíés de que Artur Mas lograse la presidencia de la Generalitat. Y así fue cómo forzó ser contratado de nuevo de manera similar a hace una díécada, pero esta vez en la consejería de Territorio y Sostenibilidad. Paralelamente, la Administración regaba de millones a la empresa que le había contratado como consultor.
La extraña pareja
En agosto de 2012, otro lote fue a parar a otra UTE, formada sólo por HP Española SA y por VASS Consultoría de Sistemas SL. El valor de su contrato ascendía a 52.771.881,19 euros. Curiosamente, la gerente de VASS era Eugenia Meníéndez Rakosnik, la sobrina de Mas, nombrada directora en Cataluña dos meses más tarde. El porquíé un gigante como HP se alía con una empresa que nunca ha tenido una relación de contratación con la Administración ni es una de las firmas con peso específico en el sector de las telecomunicaciones es una incógnita que los expertos no comprenden. Ni siquiera los funcionarios que durante los últimos meses han estado hurgando en las cuentas de la Generalitat para buscar tapaderas de grandes pelotazos. Sólo aciertan a decir que ambas empresas conforman una extraña pareja.
Y es que, hasta ese momento, VASS sólo había conseguido un contrato menor a finales del año 2009, cuando la Agencia Tributaria Catalana le pagó 122.746,49 euros por el “desarrollo del nuevo portal e-Tributos†de la propia agencia. A finales del 2012, volvió a conseguir un pequeño contrato de 49.152,54 euros para la “migración del portal Liferay que da apoyo a EACATâ€, que es la extranet de las Administraciones catalanas. Aparte de este, VASS sólo se llevó otro pequeño contrato: el 1 de agosto del año pasado, el Consorcio Administració Oberta de Catalunya (AOC) le pagó 33.819,50 euros para realizar la “migración del gestor documental y adecuación del servicio DESA’L de la AOCâ€.
Fuentes del Gobierno catalán consultadas por El Confidencial, no obstante, señalan que las grandes adjudicaciones de contratos se deben a la puesta en marcha del “diálogo competitivo, una práctica muy moderna de contratación que se puso en marcha en 2011 y 2012â€. Esta práctica, según las fuentes, consiste en que, cuando se han de adjudicar contratos muy elevados, la Administración reúne al sector y se trocea ese contrato. “Cada empresa escoge la porción que más se ajuste a sus posibilidadesâ€. En el caso de la adjudicación a VASS, por ejemplo, “el grueso de los contratos fueron a parar a HP, que en uno de ellos concurrió con VASS. Pero Eugenia Rakosnik ni siquiera debió enterarse. Lo que ocurre es que lleva los apellidos que lleva y es familia de quien es, y por eso llama la atenciónâ€.
Sin embargo, el 5 de octubre, con el proceso independentista catalán ya en marcha y a toda vela, la Generalitat volvía a realizar otras adjudicaciones sustanciosas. Uno de los contratos iba a parar a otra UTE formalizada por IBM Global Services España SA, Ingeniería de Software Avanzado SA y Seidor SA. El importe, 158.495.308,68 euros. El segundo, a la misma UTE, es recogido en otra acta aparte por valor de 21.743.700 euros. Todo un negocio para un puñado de elegidos.
“Rakosnik nunca preparó un concursoâ€
Las fuentes gubernamentales citadas afirman que los datos se mezclan de tal modo que “se crea la falsa impresión de que se han adjudicado a estas empresas jugosos contratos públicos una vez contrataron los servicios de Joan Antoni Rakosnikâ€. Además, afirman que el cuñado de Mas “nunca ha ejercido cargos directivos en su empresa, donde es uno más de los 1.600 trabajadores. Había 30 personas más con sus responsabilidades. Nunca tuvo ninguna relación profesional con la captación de carga de trabajo para su compañía ni intervino en la preparación de las propuestas para los concursos públicos ni en ninguna negociación comercial en nombre de la empresaâ€.
Asimismo, las fuentes señaladas subrayan que no se pueden imputar todas las cantidades a las empresas vinculadas a familiares de Mas porque acudieron a los concursos formando parte de UTE donde su presencia era “minoritaria, al margen de que algunos de estos contratos fueron adjudicados por el Gobierno anterior, concretamente por el presidido por el señor Josíé Montillaâ€.
Las actas en poder de El Confidencial, sin embargo, rebaten estas afirmaciones: absolutamente todos los expedientes citados fueron iniciados el 16 de noviembre del año 2011, cuando Artur Mas llevaba ya casi un año como presidente del Gobierno autonómico y Montilla se hallaba fuera del mismo desde diciembre del 2010. Además, aunque es cierto que Seidor o VASS concurrieron en UTE, no siempre su presencia era minoritaria: la coalición Itteria, por ejemplo, estaba formada por tres empresas de ese grupo y por otras dos ajenas al mismo, mientras que en el contrato de 125,9 millones, estos se repartían entre cuatro empresas, mientras que los contratos de 158 y de 21,7 millones se repartían entre tres. En resumen, a Seidor le habrían correspondido no menos de 150 millones sólo de estos grandes contratos.
Y no sólo eso: desde el 1 de enero del 2011, con Mas ya de presidente, se concedieron a las empresas vinculadas a sus familiares un total de 41 adjudicaciones de contratos de la Generalitat. De ellas, sólo 9 fueron otorgadas a Utes. El resto correspondía a contratos a las diferentes empresas del grupo Seidor (Seidor SA, Microsistemes SA, Saytel Servicios Informáticos, Seidor Consulting o SBS Seidor) o a Vass, que sólo se llevó dos adjudicaciones menores aparte de la que obtuvo con HP.