La consulta participativa del 9-N culminó con un notable íéxito de participación y sin incidentes reseñables. La vicepresidenta, Joana Ortega, avanzó unos datos de participación de una “jornada modíélica†que mostraban que hasta las 18.00 horas habían votado casi dos millones de catalanes (1,97 millones), de los que 1,3 millones (66%) correspondían a la zona de Barcelona. De este modo, millones de catalanes salieron a la calle para expresar su opinión y depositar en las urnas sus votos sobre dos preguntas. “Quiere que Cataluña sea un Estado?, una, ¿Y que sea un Estado independiente?â€, la segunda. Desde primeras horas de la mañana se formaron colas en los edificios públicos habilitados para las elecciones, un hecho que había suscitado dudas en el Gobierno catalán ante la posibilidad de que su participación en el proceso pudiera conllevar alguna actuación represiva por parte de las Fuerzas de Seguridad y denuncias por parte de las formaciones políticas contrarias a la consulta. Incluso algunos partidos, como UPyD, reclamaron el cierre de los edificios públicos donde se votó el domingo, incautar todo el material utilizado y detener a los responsables de presuntos delitos vinculados al proceso de participación, en referencia a los voluntarios que se negasen a ser identificados si así se les pidiera.
Finalmente, los distintos jueces de guardia optaron por rechazar las reclamaciones al considerar que “no guardaban proporcionalidad y no aparecían razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopciónâ€. De hecho, el consejero de Interior, Ramón Espadaler, avanzó a primera hora de la mañana que los Mossos entregaron a la Fiscalía Superior de Cataluña una lista con los locales públicos abiertos para acoger el proceso participativo del 9-N.
Tras votar de forma afirmativa a las dos preguntas, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, defendió la consulta: “Despuíés de todo lo que hemos hecho, nos hemos ganado el derecho a un referíéndum definitivo; si puede ser, pactado con el Gobierno centralâ€, apuntó. Un escenario poco realista si se tiene en cuenta la valoración hecha desde Moncloa, donde Mariano Rajoy permaneció todo el día y donde estuvo puntualmente informado de todo el proceso. Fuentes del Gobierno consideraron “inútil†el “ejercicio antidemocrático†de Cataluña y estimaron que el comportamiento del presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la jornada “dificulta mucho el futuroâ€. En su opinión, el proceso que se vivió ayer en Cataluña no tiene efectos jurídicos y no va a suponer ninguna ventaja política para el presidente de la Generalitat. La más contundente en sus manifestaciones fue la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que calificó la jornada como una “chapuza democrática que vulnera los derechos constitucionales y va en contra de la democracia y la convivenciaâ€.
Un escenario de choque, similar al vivido en los meses anteriores a la consulta del 9-N, que, lejos de trazar una perspectiva de mayor entendimiento entre Mas y Rajoy, dibuja un futuro abocado a unas eventuales elecciones anticipadas y plebiscitarias. El presidente catalán reconoció abiertamente que es una de las opciones a partir de ahora: “Es una posibilidad; vamos a ver. Tenemos que esperar un poco más. Tenemos que tratar de convencer a Madrid despuíés de lo de hoyâ€, subrayó enigmático.
Una página del ‘BOE’ en la mesa de Oriol Junqueras
Como en todas las consultas, oficiales o extraoficiales, ayer se produjeron un buen número de aníécdotas. La más llamativa fue la protagonizada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, que presidía una mesa de un instituto en Sant Vicení§ dels Horts. Un hombre, que iba acompañado de una mujer que profería gritos de “Cataluña es Españaâ€, le enseñó una página del Boletín Oficial del Estado (BOE), le dijo que estaba cometiendo un acto ilegal y le recordó su condición de diputado.
Uno de los pocos incidente se produjo en la escuela de Hostelería de Girona, en la que fueron detenidos cinco encapuchados, que causaron destrozos y patearon una de las urnas al grito de “Viva Españaâ€. En la votación tambiíén participaron los 220.000 catalanes residentes en 19 países. Los que primero lo hicieron fueron los 300 instalados en Australia y Nueva Zelanda, que introdujeron sus papeletas en Sídney, el único centro en Oceanía y Sudeste de Asia abierto por la Generalitat.
