Las cuentas del Proyecto Castor ya están liquidadas. El almacíén de gas submarino ubicado frente a las costas de Vinarí²s (Castellón) nunca ha funcionado como tal y ha sido relacionado con más de medio millar de seísmos en el último año. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de octubre el pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros a su propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS). Apenas un mes despuíés, el pasado 11 de noviembre, el dinero ya ha sido abonado.
El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora tíécnica del sistema gasista, que administrara la instalación, se encargara del mantenimiento y pagara la indemnización. Esta compañía comunicó el pago de los 1.350,7 millones de euros en los resultados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que añade que se han reconocido más costes “de operación y mantenimientoâ€, entre otros, que no especifica y que incrementan la indemnización.
Ese dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Enagás ha firmado un acuerdo con varios bancos para pagar los 1.350,7 millones a cambio de cederles los derechos de cobro de esos recibos. La operación “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero†porque no computará como deuda, tal como tambiíén ha comunicado la empresa a la CNMV.
La instalación continuará sin actividad hasta que los estudios tíécnicos “lo aconsejen†o podrá ser desmantelada “en condiciones segurasâ€, según aprobó tambiíén el Consejo de Ministros. En septiembre de 2013, el Gobierno paralizó una inyección de gas prevista al registrarse terremotos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter.
El Proyecto Castor se aprobó en 2008 como un depósito estratíégico con capacidad para albergar el gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días. Nunca llegó a abrir como almacíén. La concesionaria había empezado en junio a inyectar gas colchón (un volumen mínimo de gas natural de prueba) para comprobar que funcionaba correctamente. Informes oficiales determinaron que esa actividad afectó a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó los seísmos.
Una cláusula del decreto de aprobación, en el que se autorizaba la concesión administrativa por 30 años, fue considerada abusiva y contraria al interíés general por el Gobierno actual. Permitía que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia. El abogado del Estado pidió en mayo de 2012 su anulación. El Supremo rechazó la petición a finales de 2013.
La nueva Ley de Evaluación Ambiental, que fue aprobada en octubre de 2013, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP despuíés de que estallara la crisis del Proyecto Castor, una instalación situada a unos 21 kilómetros de la costa de Castellón y a dos kilómetros de profundidad bajo el mar.
