Puede parecer una contradicción, pero no lo es. En los años más duros de la crisis –entre 2007 y 2013–, el gasto social en España creció de forma relevante en medio de fuertes ajustes en el gasto público.
La causa de esta aparente paradoja tiene que ver con el aumento del presupuesto destinado a pagar la cobertura del desempleo, pero tambiíén con el envejecimiento de la población. Hasta el punto de que España se ha convertido en el octavo país de los 34 que forman parte de la OCDE con mayor nivel de gasto social. En concreto, un 26,8% del producto interior bruto (PIB). Incluso, por encima de naciones como Alemania (25,5%) u Holanda (23,5%) que históricamente han tenido un Estado de bienestar más amplio. Lo seguirían teniendo, de hecho, si no fuera porque su tasa de paro es sensiblemente más baja (la cuarta parte).
Los datos aparecen en el informe anual que elabora la OCDE sobre el gasto social que cada año ejecutan los países miembros de la organización, y el resultado pone de relieve que los años de la crisis han acelerado el gasto social. Francia (31%), Dinamarca (30%) y Bíélgica (28,4%) son, con alguna diferencia, los países con mayor nivel de gasto social público, mientras que, por el contrario, en el lado contrario se encuentran Míéxico, Chile y Corea.
En el caso de España, los números de la OCDE muestran que la parte del león se la llevan las pensiones, que representan el 10,5% del PIB. Este porcentaje se sitúa 2,6 puntos porcentuales por encima de la media de la organización. Ahora bien, en el cómputo se incluyen países con una estructura fiscal, demográfica y económica muy diferente a la europea (Canadá, Estonia, Israel o Turquía), por lo que, si se hace la comparación con las naciones más avanzadas de Europa, el resultado es muy distinto. En Italia, el gasto en pensiones alcanza un increíble 15,8% del PIB, mientras que en Francia se llega al 13,8%, ligeramente por encima de Austria.
España, igualmente, gasta en salud un 6,8% del PIB, ligeramente por encima de la media de la OCDE (6,2%). Ahora bien, si la comparación se vuelve a realizar con los países más avanzados de la UE, el resultado es muy distinto. Todas las grandes naciones gastan más que en España en tíérminos relativos. A la cabeza, de nuevo, Italia y Francia, junto a Holanda.
Los datos de la OCDE –que reflejan la importancia de las transferencias sociales para reequilibrar la renta de los hogares– muestran con nitidez los efectos de la crisis económica, que ha obligado a los Gobiernos a aumentar el gasto social para hacerle frente. Y, como consecuencia de ello, los recursos destinados a ese fin han pasado de representar en la OCDE del 18,9% del PIB al 21,9%. En el caso de España, el presupuesto destinado a financiar el desempleo se ha triplicado desde el comienzo de la crisis. Eso ha obligado a los Gobiernos a recortar en otras partidas ‘no sociales’, como la inversión pública en infraestructuras u otro tipo de transferencias sociales (becas, ayudas a la familia, maternidad o subvenciones).
Gasto social privado
Esta realidad, sin embargo, no ha sucedido en todos los países. Como sostiene el informe de la OCDE, el gasto social en relación al producto interior bruto ha disminuido desde 2009 (al final de la Gran Recesión) entre 1,5 y 2,5 puntos en Canadá, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda y el Reino Unido; y unos 3,5 puntos del PIB en Estonia.
Sin embargo, el descenso más rápido se registró en Grecia, donde se redujo en casi dos puntos porcentuales desde el pico en 2012. Es decir, que mientras países como España han podido mantener o, incluso, aumentar el gasto social pese a la crisis, otros países como Grecia no han tenido la misma posibilidad, pese a que su endeudamiento público ha crecido de forma casi exponencial.
El hecho de que un país gaste menos en políticas sociales no significa, sin embargo, dice la OCDE, que sus ciudadanos estíén más desasistidos. Y la organización pone como ejemplo el caso de EEUU, que destina menos recursos que la media de los principales países de la UE en gasto social público. Sin embargo, si se incluyen el gasto privado y el sistema tributario, el resultado es muy distinto. EEUU es el segundo país del mundo que más dinero destina a gasto social.
Este cambio de posición tiene que ver con el hecho de que en ocasiones el gasto social en pensiones o en salud es financiado por las propias empresas como una retribución a sus empleados. Esto sucede en países como Japón, Islandia o Canadá, donde el pago en pensiones de carácter privado (lo financian las empresas) representa alrededor del 3% del PIB.
