Pese a la incertidumbre bursátil con la que ha empezado 2015, ACS ha decidido lanzar la oferta pública de venta (OPV) de su división de energías renovables. La constructora prevíé ingresar unos 500 millones de euros por su filial verde, que tiene asociada una deuda de 2.600 millones. Este pasivo es el motivo real por el que Florentino Píérez se ve obligado a vender su negocio elíéctrico ante la amenaza de Deloitte de consolidarlo en el grupo tras la 'moratoria contable'.
Fuentes financieras han confirmado que ACS convocará en los próximos días a los analistas bursátiles para hacer la presentación oficial de lo que se ha llamado Plan Saeta, en honor a Alfredo di Stefano. La compañía cuenta con 750 megavatios de potencia instalada, 500 procedentes de parques eólicos y 250 generados por plantas termosolares. Según las primeras estimaciones, el negocio ofrece una rentabilidad que ronda el 5%, un activo que tiene ahora muchos potenciales compradores.
Esta es la razón por la que ACS ha decidido continuar adelante con la OPV pese a la inestabilidad de los mercados, situación que podría empeorar conforme se acerquen las elecciones del 25 de enero en Grecia. Bank of America Merrill Lynch, el banco coordinador de la oferta de acciones junto a Citi y Sociíétíé Gíéníérale, está convencido de que la colocación tendrá demanda suficiente dado que hay muchos fondos especializados en compañías definidas como yield, es decir, las que ofrecen un retorno asegurado al accionista
Con los tipos de interíés prácticamente al 0%, este tipo de inversiones son tras las que van los fondos institucionales que buscan asegurar una rentabilidad para su cartera. Fue lo que permitió a Endesa sacar adelante su OPV del pasado mes de noviembre por cerca de 3.000 millones de euros, la mayor salida a bolsa en muchos años en España. Sus acciones han subido un 15% respecto al precio de la colocación. Lo mismo sucedió con Abengoa y su filial de renovables en Estados Unidos, que se cerró con gran íéxito. Se prevíé que la operación de ACS concluirá en febrero.
Según distintas fuentes, la valoración de la filial de renovables ronda los 1.000 millones de euros una vez realizadas varias operaciones de ajuste de deuda. Por lo tanto, ACS, que tiene previsto vender al menos el 50,01% del capital, ingresará unos 500 millones. Esta cantidad le vendrá muy bien para mejorar su debilitada salud financiera, que le ha impedido poder obtener calificación crediticia por parte de las agencias de calificación como Standard & Poor´s y Moody´s.
En busca de críédito
ACS confía en repetir la misma jugada que sus competidores porque le va mucho en el envite. Los parques eólicos y las plantas termosolares de la constructora tienen una deuda asociada de 2.600 millones de euros, que el grupo tiene aparcada fuera de su balance. Es decir, existe, tiene que pagarla, pero no está oficialmente reconocida. Una artimaña legal que la constructora estira gracias a las normas internacionales de contabilidad, que permiten desconsolidar la deuda de un activo que es calificado como “mantenido para la ventaâ€.
El problema es que ACS lleva con este truco desde 2010 con la justificación de que los constantes cambios normativos en el sector elíéctrico español le han impedido desprenderse de este negocio. Como la reforma energíética ya está cerrada, el holding ya no tiene más excusas ante Deloitte. El auditor de cabecera ha hecho la vista gorda hasta la fecha, pero ha advertido a Florentino Píérez que, si no vende esta actividad antes del 28 de febrero –último día para presentar las cuentas de cierre de 2014–, se verá forzada a incluir una salvedad grave en las cuentas del holding.
Más aún, le obligará a contabilizar esos 2.600 millones de euros, por lo que los ratios financieros que miden la solvencia de ACS se deterioran de forma significativa. Desde la ejecución de los príéstamos por Iberdrola en julio de 2012, la compañía ha tratado en los últimos doce meses de vender activos para maquillar la relación entre el ebitda y la deuda del holding, con el objetivo de conseguir una calificación que le permitiese poder emitir bonos con la garantía de la constructora. Píérez siempre defiende que la deuda neta es de 5.800 millones, pero lo cierto es que la bruta asciende a 12.194, mientras que el ebitda fue de 1.800 millones en el tercer trimestre.
Hasta el momento, Standard & Poor´s y Moody´s han considerado que ACS está por debajo de lo que sería una compañía con bono basura, es decir, de alto riesgo para los inversores, una conclusión que ha impedido a la sociedad poder salir al mercado para financiarse ahora que los tipos de interíés están en mínimos históricos. Por este motivo, en noviembre tuvo que suspender una emisión de bonos en la que venía trabajando desde antes del verano. Si la OPV culmina con íéxito, Píérez tendría críédito de los mercados por primera vez desde que es presidente hace ahora veinticinco años.
