La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha pedido que se imponga a Luis Bárcenas una pena de 62 años y 8 meses de cárcel por estafa procesal y 17 delitos fiscales que habría cometido entre los años 2000 a 2009, durante los que dejó de ingresar una cuota tributaria de 11,2 millones de euros.
Minutos despuíés de que la Audiencia Nacional acordara la excarcelación del ex tesorero del PP, el abogado del Estado presentó un duro escrito de acusación que supera en petición de penas a la propia Fiscalía, y eso que aborda exclusivamente los delitos contra la Hacienda Pública. El documento rechaza que la amnistía fiscal a la que se acogió Bárcenas le exonere de responsabilidad penal. Además, considera "acreditada" la caja B del PP.
El abogado del Estado es mucho más severo que el fiscal con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La Fiscalía pidió el pasado viernes un total de 42 años y seis meses de cárcel por seis delitos, pero el defensor de los intereses del Estado reclama una condena de 62 años y ocho meses de prisión exclusivamente por 17 delitos fiscales y una tentativa de estafa procesal con la que el acusado habría tratado de eludir sus obligaciones tributarias.
En lo que concierne a los delitos contra la Hacienda Pública, el abogado del Estado, personado como acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria, solicita más del doble de pena que la Fiscalía Anticorrupción, que para esas infracciones pide 27 años de cárcel a Bárcenas.
El abogado del Estado arranca su acusación contra el ex tesorero del PP en el año 2000 y la prolonga hasta 2009, incluyendo varios ejercicios fiscales que el Ministerio Público no contempla.
Además, aprecia en Luis Bárcenas dos circunstancias agravantes: haber defraudado a Hacienda a travíés de personas interpuestas y la "trascendencia y gravedad" de la cuantía, un total de 11,2 millones de euros que eludió en las cuotas tributarias.
En tercer lugar, la Abogacía del Estado se niega a tener en cuenta, a efectos de la responsabilidad penal, la regularización realizada por Bárcenas al amparo de la amnistía fiscal.
Negativa
En octubre de 2012, Tesedul y Granda Global, las dos empresas en las que, según las acusaciones, estaban depositados en ese momento los fondos suizos de Bárcenas, ingresaron 1.098.804 y 132.051 euros, respectivamente, con la pretensión de saldar sus deudas con Hacienda. "Negamos radicalmente validez exoneratoria de la responsabilidad penal -a los efectos de una pretendida regularización con base en el artículo 305 del Código Penal- a dichas declaraciones", señala con rotundidad el abogado del Estado.
A su parecer, la declaración tributaria se presentó "por quien no está imputado en este procedimiento" y "no se cumplen los requisitos legales ni reglamentarios establecidos" para que produzca los efectos de exoneración pretendidos.
Sostiene, a este respecto, que la declaración no se hizo por el "autíéntico titular" de ese patrimonio, no se liquidaron las estructuras fiduciarias interpuestas antes del 31 de diciembre de 2013 y la liquidación tributaria "no fue completa". "Todo ello además del posible origen ilícito de los bienes declarados", añade.
En cuarto lugar, el abogado del Estado ha optado por la pena máxima correspondiente al delito fiscal -que en el momento de los hechos estaba sancionado con una horquilla de 1 a 4 años de cárcel- en el caso de 13 de los 17 hechos delictivos que son objeto de acusación. Para el resto solicita dos años y medio de prisión en lugar de cuatro años, al no concurrir circunstancias agravantes.
Esos cuatro factores explican la elevada petición de condena formulada por la Abogacía del Estado, que tambiíén dirige su acusación contra otros 21 imputados, entre ellos la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega como autores materiales de defraudaciones tributarias.
Los demás acusados -incluidos los ex tesoreros del PP íngel Sanchis y ílvaro Lapuerta- lo son como cooperadores necesarios de los delitos fiscales cometidos por los anteriores.
Contabilidad paralela
Para el abogado del Estado, "consta acreditada la llevanza por parte de Luis Bárcenas, prevaliíéndose al efecto de sus cargos de gerente y tesorero del PP -puestos que ocupó desde 1990 hasta el 2009- junto con el imputado ílvaro de Lapuerta -quien fuera tesorero del PP hasta 2008- de una contabilidad paralela o 'caja B' -denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido partido político entre los años 1990 a 2008".
Según el escrito de acusación, "durante el período en que ocupó el cargo de gerente del PP, Luis Bárcenas, prevaliíéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas".
En concreto, el abogado del Estado sostiene que Bárcenas, con el consentimiento de Lapuerta, "dispuso al menos de 149.600 euros" procedentes de la 'caja B' del PP, dinero inicialmente destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004.
Esas acciones fueron vendidas en 2005 al fallecido Francisco Yáñez "por el mismo importe de 149.600, sin que dicha cantidad se reintegrara al PP". Bárcenas, "de conformidad con su esposa", empleó el dinero en pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio en Baqueira Beret.
"Con el fin de dotar a esos fondos de una apariencia lícita", añade, "Rosalía Iglesias, de acuerdo con lo convenido con su cónyuge, procedió a consignar mendazmente en su declaración de IRPF del año 2005, modalidad individual, esos 149.600 euros como rentas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales distintos de inmuebles o acciones, del mismo modo que su cónyuge se sirvió de ellos para aflorar recursos propios".
El defensor de los intereses del Estado recuerda que aún se están investigando en otra parte del procedimiento los movimientos de la 'caja B' del PP, por lo que deja la puerta abierta a que Bárcenas haya realizado otras "distracciones del dinero destinado por los donantes a la financiación del Partido Popular a lo largo del tiempo en que gestionó la contabilidad y su eventual ingreso en sus cuentas bancarias abiertas en Suiza".
El escrito de acusación tambiíén se refiere al "enriquecimiento de modo ilícito" de Luis Bárcenas mediante el reparto de comisiones ilegales con Francisco Correa, el ex diputado del PP Jesús Merino y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, comisiones procedentes de la intermediación de la trama en la adjudicación de contratos públicos.
Describe, además, las estructuras societarias montadas por Bárcenas en el extranjero para "encubrir las rentas así percibidas".
