The Associated Press
Un juez federal falló el viernes que una ley de restructuración de la deuda de Puerto Rico que busca evitar una bancarrota gubernamental y hacer que las empresas públicas sean autosuficientes es inconstitucional.
La decisión del juez llega en momentos en que la isla busca evitar una suspensión en los servicios públicos mientras intenta pagar una deuda pública de 73.000 millones de dólares. El fallo fue emitido ocho meses despuíés de que varios fondos de inversión estadounidenses interpusieran una demanda contra el gobierno de Puerto Rico, en la que afirmaron que la legislación local conocida como Ley de Recuperación interfería con las leyes federales de bancarrota de Estados Unidos.
El juez Francisco Besosa estuvo de acuerdo en un fallo de 75 páginas.
"El Código Federal de Bancarrotas tiene preeminencia sobre la Ley de Recuperación, y por lo tanto esta es nula", escribió.
Además, les prohibió permanentemente a las autoridades gubernamentales actuales y futuras que implementen la ley, la cual advertía que las empresas públicas de la isla, en especial la de generación de energía elíéctrica, "enfrentan desafíos operativos, fiscales y financieros significativos".
La corte consolidó dos casos interpuestos por demandantes que poseen aproximadamente 1.600 millones de dólares en bonos emitidos por la Autoridad de Energía Elíéctrica de Puerto Rico.
Cíésar Miranda, secretario de Justicia puertorriqueño, dijo que el gobierno está analizando el fallo.
"Posteriormente decidiremos quíé acción tomar", afirmó.
El gobernador Alejandro García Padilla aprobó la Ley de Recuperación en junio pasado despuíés de presentarles a los legisladores un proyecto de ley de último momento, exhortándolos a aprobarla en medio de preocupaciones de que ciertas agencias públicas podrían sufrir un colapso financiero.
Las empresas públicas de Puerto Rico son las responsables de casi el 40% de la deuda de 73.000 millones de la isla. Ninguna de ellas ha buscado reestructurar su deuda bajo la ley, que el gobierno ha descrito como una "opción de último recurso".
En parte, la legislación le permite a ciertas compañías públicas trabajar primero con los acreedores con el fin de llegar a un acuerdo antes de que el caso pase a los tribunales. La medida no se aplica a los bonos de obligación general del gobierno y tambiíén excluye a los 78 municipios de la isla, el Banco Gubernamental de Fomento y otras entidades.
