El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Meníéndez, anunció este martes que están siendo investigados 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y "que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales". Según relató Meníéndez durante su comparecencia en el Congreso para informar de los detalles de los resultados de lucha contra el fraude de 2014, notificará de los casos de blanqueo al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para que los investiguen la Policía, la Guardía Civil o la Fiscalía y lo lleven el caso a los tribunales si es preciso.
La amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó nada más alcanzar el poder en 2012 es uno de los mayores lastres de la legislatura. El plan inicial del Ejecutivo era recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Para ello exigía un gravamen del 10% sobre lo aflorado a los que quisieran legalizar el dinero que tenían oculto. Ante los recelos iniciales que despertó la amnistía, Hacienda flexibilizó el proceso: exigió que el gravamen se aplicara solo sobre los intereses, con lo que los evasores pudieron regularizar pagando un 3%. Pero, además, permitió que se acogieran a la amnistía el dinero en metálico y abrió la puerta a que se pudiera blanquear dinero procedente del fraude.
El resultado de la amnistía fue un fracaso. Se recaudó la mitad de lo previsto a pesar de todas las facilidades que ofreció Hacienda. Pero en el imaginario colectivo quedó que aquel proceso fue una ventana abierta por la que escaparon los grandes defraudadores. Para luchar contra esa idea, Meníéndez insistió este martes en que se revisan todas las declaraciones. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", sentenció durante su intervención en el Parlamento a petición del PP.
El director de la Agencia explicó que se definió "un colectivo de riesgo" entre las más de 31.000 declaraciones de la amnistía. En el colectivo de riesgo figuran contribuyentes que legalizaron una gran cantidad de dinero y, sin embargo, en los registros de Hacienda apenas declaran rentas. Como resultado de ese análisis, fueron inspeccionados 300 contribuyentes, 51 de los cuales han pagado unos 12 millones de euros más al fisco.
El director de la Agencia tambiíén sacó pecho del resultado de la declaración de bienes en el extranjero. El Ejecutivo estableció en 2012 la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero. Los contribuyentes que tuvieran más de 50.000 euros en bienes o valores en el exterior tenían que presentar el modelo 720. Los que decidieran no presentar la declaración se enfrentaban a cuantiosas multas. Pero además, Hacienda estableció la imprescriptibilidad de los bienes que no fueran declarados.
Como resultado de esta nueva obligación tributaria, se presentaron 174.000 declaraciones que han aflorado cuentas, valores y bienes en el exterior valorados en 88.000 millones en 2013 y otros 20.615 millones en 2014. De las comprobaciones de estas declaraciones, explicó Meníéndez, 7.073 contribuyentes están siendo investigados por no haber presentado la declaración, por haberlo hecho fuera de plazo o por haberla presentado pero de forma incompleta.
El director general de la Agencia Tributaria dedicó buena parte de su intervención a desgranar los resultados de la lucha contra el fraude. En 2014, se recaudaron 12.318 millones de euros, un 12,5% más que el año anterior y la mayor cantidad de la serie histórica. Buena parte de esta mejora se debe al buen funcionamiento del plan especial de incentivos que puso en marcha Hacienda en la primavera del año pasado. Entonces llegó a un acuerdo con los sindicatos para pagar más a los funcionarios a cambio de que hicieran más horas extraordinarias y aumentaran los ingresos procedentes de las inspecciones. Como consecuencia de este plan Hacienda ha obtenido 2.262 millones de euros, un 124% más de lo previsto. "Por cada euro invertido en este plan especial hemos ingresado 129", abundó.
La políémica surgió ante las acusaciones de todos los grupos de la oposición por las supuestas injerencias del Gobierno en la Agencia Tributaria. Tanto PSOE, como UPyD, IU y CiU acusaron al director de la institución de hacer un uso partidista de la información. "No lo permitiría", indicó con rotundidad Meníéndez, quien descartó con severidad que haya filtrado datos. Además, pidió ayuda a los diputados para que la Agencia gane en independencia. La oposición tambiíén afeó al Gobierno que vetara la comparencia del informático suizo que filtró la lista de defraudadores con cuentas en el HSBC, Hervíé Falciani, como había reclamado el PSOE. "La lista Falciani no es nada al lado de lo que tenemos ahora a travíés del modelo 750 (la amnistía fiscal) y el modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero)", dijo Meníéndez.
Jesús Síérvulo González
