Nueve autopistas de peaje construidas con previsiones erróneas, paradigma de los derroches que caracterizaron íépocas anteriores a la crisis y que, infrautilizadas, empezaron a quebrar en cadena a partir de 2012 van a entrar en liquidación, lo que puede costar a las arcas del Estado unos 4.500 millones de euros.
El Juzgado Mercantil número 2 de Madrid ha rechazado las dos primeras propuestas de convenio presentadas por la Administración y que articulaban un plan de rescate para intentar evitar que las sociedades concesionarias entren en liquidación. El magistrado Sánchez Magro considera ilegales esos convenios, que tampoco satisfacían a los bancos extranjeros acreedores, según informaron a EL MUNDO fuentes jurídicas. La inadmisión de los convenios implica el inicio de la fase de liquidación, lo que abre la puerta a la responsabilidad patrimonial de Fomento.
El Juzgado Mercantil número 2 de Madrid ha tumbado las propuestas de convenio presentadas -tras un año y medio de vacilaciones- por la Abogacía del Estado en representación de SEITTSA, la sociedad estatal dependiente de los Ministerios de Fomento y Hacienda que gestiona las infraestructuras terrestres de las que el Estado es titular.
Las propuestas, formalizadas el pasado enero, se referían a las concesionarias de una de las nueve autopistas de peaje que a partir de mayo de 2012 empezaron a declararse en quiebra o entraron en concurso de acreedores. Pero el plan diseñado por Fomento era el mismo para las restantes, por lo que el rechazo judicial al rescate ideado por el Ministerio de Ana Pastor afectará a todas ellas, señalaron fuentes jurídicas implicadas en el proceso.
Las mismas fuentes indicaron que Fomento ha dejado que el problema se encalle con la tardanza en presentar unas propuestas de convenio que, a la postre, han resultado ser ilegales. Así lo ha considerado el titular del Juzgado Mercantil, Andríés Sánchez Magro, en una resolución por la que, según informaron las fuentes consultadas, declara la inadmisión de las propuestas de convenio y abre la fase de liquidación referida a los concursos de Autopista de Levante Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, concesionarias de la AP-36 (Ocaña-La Roda). La resolución puede ser recurrida en apelación, por lo que la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid.
El plan de rescate de Fomento, pactado con algunos de los acreedores pero rechazado por otros -en particular, los bancos extranjeros afectados-, contemplaba aplicar una quita del 50% del pasivo y convertir el resto en un bono a 30 años.
Pero, además, las propuestas de convenio modificaban a la baja el volumen del pasivo al considerar duplicados ciertos críéditos. La Ley Concursal prohibe quitas del 100%, que es lo que, en realidad, planteaba el Ministerio de Fomento al proponer la supresión de críéditos reconocidos.
El rechazo de las propuestas de convenio supone el inicio de la fase de liquidación. En el supuesto de liquidación de una concesión entraría en juego la cláusula de responsabilidad patrimonial establecida en los contratos de concesión, lo que pondría a Fomento en el trance de tener que hacer frente a unas indemnizaciones de unos 4.500 millones de euros.
La AP-36 solicitó concurso de acreedores el 19 de octubre de 2012, petición que fue formalmente aprobada en diciembre del mismo año, seis despuíés de que fuera inaugurada con una inversión de 542 millones de euros. Sus principales accionistas son, con un 52,36% Cintra Infraestructuras -perteneciente a Grupo Ferrovial- y Sacyr, con un 40%. Ferrovial provisionó en 2011 las píérdidas por esta infraestructura, así como Sacyr.
Durante la presentación de resultados del grupo en 2014, el consejero delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás, ya avanzó el pasado martes a un grupo de periodistas que el problema de las autopistas en concurso de acreedores estaba agotando todos sus plazos. «De las ocho concesiones en concurso de acreedores, cinco caerán este año si no se llega a un acuerdo. El ministerio de Fomento ha tratado de concentrar todos los casos en un único juzgado pero, o se toma una decisión con la primera que caiga o el plan no es viable», explicó antes de subrayar que su grupo ha provisionado 270 millones de euros por sus inversiones en estas concesiones y que, por este motivo «casi cualquier solución nos vale».
Sacyr, por su parte, ha mantenido a lo largo de todo el proceso una actitud discreta pero de oposición a la quita propuesta por Fomento al plantearse si debería oponerse judicialmente a la decisión para evitar que accionistas del grupo abran un frente contra el consejo de administración.
MARíA PERAL Cí‰SAR URRUTIA
