Ha tenido que ser un árbitro internacional el que le haya parado los pies a Florentino Píérez, que había demandado al Reino de España y a la República de Francia por los supuestos sobrecostes en la construcción del AVE que une los dos países entre Barcelona y París. Según una sentencia reciente, ACS, que sí consiguió que el Gobierno le compensara por el gaseoducto del Castor, no tiene derecho a reclamar 350 millones de euros adicionales por el proyecto ferroviario, que tuvo un presupuesto inicial de 1.200 millones y que hoy está al borde de la quiebra.
El dictamen de un tribunal de Ginebra, Suiza, al que acudieron ACS y Eifagge, las dos compañías que gestionan el tren de alta velocidad entre Figueras y Perpignan, rechaza la petición de que ambos estados se hagan cargo de “una serie de hechos imprevisibles que han causado importantes sobrecostes en la construcciónâ€. El Tribunal sostiene que los dos países no son responsables de los problemas geológicos ni del cálculo de los costes financieros en los que incurrieron las dos constructoras, las cuales querían que los llamados modificados corrieran a cargo del erario público.
En concreto, tal y como adelantó El Confidencial en diciembre, ACS y su socio galo pedían una compensación de 143,24 millones por motivos “geológicos†durante la realización del túnel del Perthus, otra de 10,34 millones por la misma justificación en la ejecución del viaducto del río Muga y una tercera, de 3,96 millones, por problemas derivados de la Agencia Catalana del Agua.
Solicitaban, además, una cuarta de 115,20 millones por “el incremento extraordinario del precio de los productos derivados del petróleo, de los productos siderúrgicos y del cobreâ€, y una quinta de 18,94 millones por la compra de terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura. Para acabar, reclamaban una última de 56,39 millones por gastos financieros.
En total, 348,12 millones, lo que suponía un sobreprecio del 30% sobre el importe inicial del proyecto, que ascendía a 1.200 millones. Es lo que se conoce en el sector como los modificados, una práctica muy habitual en los últimos años por parte de las mayoría de las constructoras, como ocurrió en el soterramiento de la M-30 que bordea Madrid. La obra de la circunvalación de la capital duplicó su coste respecto al presupuesto original, hasta superar los 5.000 millones, si bien el arquitecto de la obra lo niega.
Un tren varado
La resolución del Tribunal de Arbitraje de Ginebra, adoptada por mayoría de cuatro a uno, resuelve que la empresa que gestiona la conexión del AVE entre España y Francia propiedad de ACS y de Eifagge “no tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la concesiónâ€. Una victoria crucial de los dos estados que este año tendrán otro pleito con las dos constructoras por el vencimiento de un críédito de 400 millones de euros que ninguna de las partes quiere asumir.
La pelea ha sido tal que Florentino Píérez llegó a recusar a uno de los árbitros elegidos por el Gobierno de Francia por considerar que había hechos que afectaban a su independencia y su imparcialidad. Dicha causa fue rechazada por el tribunal despuíés de un año largo de litigio, por lo que la sentencia final no llegó hasta el pasado 12 de febrero.
Los abogados de las constructoras estaban convencidos de que sus reclamaciones estaban fundamentadas, por lo que esperaban cobrar “al menos parcialmente†los sobrecostes, un dinero vital para que la empresa que gestiona los trenes que van de Barcelona a París no entre en concurso de acreedores tras llevar más de doce meses en quiebra tíécnica.
Agustín Marco
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