Va a abrir expediente a España por el ríégimen sancionador «desproporcionado» su imprescriptibilidad, que no tienen parangón en otros impuestos españoles ni en otros Estados.
La Comisión Europea cree que la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero, el Modelo 720, «infringe el Derecho comunitario» en su ríégimen sancionador, que considera «desproporcionado», por lo que tiene «la intención de proponer la incoación de un procedimiento de infracción al respecto». Así lo explica Bruselas en una comunicación que ha remitido a contribuyentes que han denunciado la ilegalidad de esta obligación fiscal, a la que ha tenido acceso EXPANSIí“N. Entre quienes han denunciado el Modelo 720, se encuentra la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
Los efectos del expediente preocupan en Hacienda, según ha podido constatar este diario, dada la importancia de la norma dentro de las iniciativas del Fisco español en la lucha contra el fraude y por el potencial recaudador de esta obligación, en principio informativa. El Modelo 720 ha aflorado 108.615 millones de euros desde 2013 y puede generar una importante recaudación por el ríégimen sancionador denunciado. El Fisco ha anunciado que investiga a 7.013 contribuyentes que o bien no han presentado la declaración; o lo hicieron en 2014 cuando deberían haberlo hecho en 2013 o lo hicieron de forma incompleta.
Estos contribuyentes se enfrentan a multas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos o inexactos, con un mínimo de 10.000 euros. Además, sus bienes y cuentas serán considerados como ganancia de patrimonio no justificada en el IRPF o como renta no contabilizada o declarada en el Impuesto sobre Sociedades, los cuales han de imputarse al período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, con sanción adicional del 150% calculada sobre la cuota resultante.
La declaración de Bruselas, denominada EU Pilot 5652/13/TAXU, analiza todos los aspectos cuestionados por los denunciantes y concluye que la norma infringe el Derecho comunitario en dos: el ríégimen sancionador y la imprescriptibilidad. A juicio de la Comisión, estas sanciones podrían resultar desproporcionadas en relación con otras internas (por ejemplo, para la declaración del IRPF) aun cuando la sanción por presentar la declaración fuera de plazo se sancione con importes más reducidos (100 euros por cada dato o conjunto de dato con un mínimo de 1.500 euros).
La Comisión considera que al impedirse la prescripción respecto de los citados bienes, se puede estar infringiendo la jurisprudencia comunitaria que sólo justifica un mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude fiscal cuando resulta proporcionado y la Administración Tributaria no tiene indicios de la existencia de los bienes en el extranjero. Un mayor plazo de prescripción como el regulado en España es incompatible con el Derecho comunitario si la Administración ya tiene pruebas de la existencia de bienes en el extranjero a travíés de otras fuentes de información, especialmente si se trata de bienes y derechos situados en otros Estados de la UE o Espacio Económico Europeo (EEE) con los que existe intercambio de información.
Tanto en lo que respecta a las sanciones como a la imprescriptibilidad, Bruselas indica expresamente que «tiene la intención de profundizar en este aspecto de la investigación y proponer la incoación de un procedimiento de infracción». Estaría excluyendo de la posible infracción de las normas comunitarias las ganancias de patrimonio no justificadas imputables a la falta de declaración o la declaración fuera de plazo de los bienes y derechos situados en países ajenos a la UE o el EEE, como Suiza o Andorra, lo que Sonia Velasco, abogada de Cuatrecasas, Goní§alves Pereira, considera un error.
Otros aspectos de la declaración cuestionados se refieren a la libre circulación de personas y capitales; la protección de datos; el que la norma, que afecta a numerosos extranjeros, sólo estíé disponible en español; el plazo, y que sea telemática, pero la Comisión los ha desestimado. Además de Aedaf, han denunciado el Modelo 720 el abogado Alejandro del Campo, de DMS Consulting; parlamentarios europeos, y la Defensora del Pueblo.
Mercedes Serraller
