El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda requiera a El Corte Inglíés que identifique a los titulares que hubiesen hecho pagos con su tarjeta de compra por un importe anual igual o superior a 30.000 euros.
En concreto, la orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ahora avalada por el Supremo se dictó en 2008 y afecta a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007.
La sentencia del Supremo confirma la resolución dictada en el caso por la Audiencia Nacional en julio de 2012, según ha informado este martes el Alto Tribunal. De esta forma, la sala III del Supremo aplica al caso la misma doctrina de su sentencia del pasado 15 de diciembre relativa a un requerimiento similar sobre las tarjetas 4B.
En esa sentencia se destacó que hay un deber general de información y colaboración con la Administración tributaria "que tiene sustento constitucional, que está legalmente regulado y que debe ser interpretado y aplicado respetando otros valores y principios constitucionales".
Como ocurrió con la sentencia de las tarjetas 4B, la dictada ahora sobre las tarjetas de El Corte Inglíés ha contado con el voto particular de dos magistrados, partidarios de estimar el recurso de dicha entidad y de declarar nulo el requerimiento de Hacienda.
Agencias
