La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusa a las empresas lácteas de haber logrado un beneficio ilícito de 816 millones de euros entre los años 2000 y 2013, el periodo durante el que, según dice, pactaron los precios a los que compraban la leche a los ganaderos. Según se refleja en el expediente sancionador, la más beneficiada habría sido Puleva Foods, integrada este miíércoles en el grupo Lactalis, con 195,59 millones.
A continuación, figura Corporación Agrolimentaria Peñasanta (Capsa), la empresa que comercializa la marca Central Lechera Asturiana, con 188,6 millones, y Danone con 143 millones de euros.
Según la CNMC, "se trata de una estimación prudente (...) que puede utilizarse como referencia para la modulación de las sanciones". Competencia considera razonable la multa porque equivale al 10% de estas ganancias que se habrían logrado, presuntamente, de forma irregular. En esta línea, las sanciones más elevadas corresponden a Danone (23,2 millones de euros), Capsa (21,8 millones), Grupo Lactalis Iberia (11,6 millones), Nestlíé España (10,6 millones), Puleva Foods (10,2 millones) y Calidad Pascual, el antiguo Grupo Leche Pascual (8,5 millones).
Situación financiera delicada
El problema es que al igual que ha ocurrido con otros sectores de la industria alimentaria, el sector lácteo tambiíén ha sufrido la crisis y no atraviesa ahora mismo su momento más boyante en tíérminos financieros. Pese a las estimaciones de beneficio de la CNMC, Capsa perdió por ejemplo 1,9 millones de euros en 2012 y apenas logró un beneficio de 3,2 millones en 2013; Calidad Pascual ha reducido sus ventas al nivel de hace 15 años y tiene a su matriz en números rojos y el resultado de Danone se ha dividido por la mitad, pasando de 154 a 66 millones.
La fuerte multa impuesta ha desatado por ello una profunda preocupación en el Ministerio de Agricultura, hasta el punto de que su titular, Isabel García Tejerina, mostró su preocupación el pasado martes en público por los posibles efectos que podría tener no sólo sobre las empresas sino tambiíén sobre los ganaderos. Su miedo, según dijo, es que perjudique a la viabilidad de la industria láctea -hay empresa que podrían entrar en píérdidas- porque, de ser así, tendría una repercusión importante sobre los propios ganaderos. "Y eso me preocupa", añadió. El precio medio pagado el año pasado por la leche de vaca a los ganaderos fue de 0,38 euros, aunque ahora ha bajado, según explican distintas organizaciones, hasta sólo 0,32 cíéntimos.
"Ahora mismo el precio que está pagando la industria apenas llega para cubrir el coste de producción. Y hay que tener en cuenta además que en algunos casos el precio es aún más bajo", asegura Josíé Joaquín López Ares, presidente de la Federación de Productores Lácteos (Feplac) en Galicia. Los ganaderos creen que "esta multa llega tarde y puede poner en riesgo tanto a las empresas como a las explotaciones". De hecho, su mayor preocupación es que las lácteas puedan tratar de repercutir la multa en las facturas, bajando aún más los precios, para no eludir el fuerte impacto de las sanciones.
En una línea mucho más crítica, el Sindicato Labrego Galego (SLG) aseguró este jueves que la sanción de 88,2 millones de euros impuesta por la CNMC a la industrias lácteas "sirve de poco" para los ganaderos, ya que augura que se seguirán pactando precios, pues "si genera más beneficio que lo que se va a pagar de multa" da lugar a que "se va a seguir haciendo lo mismo".
Correos poco claros
Las empresas multadas niegan, sin embargo, cualquier tipo de práctica irregular y defienden que lo único que había era un intercambio de información en el marco de reuniones que estaban promovidas además por las Administraciones autonómicas, fundamentalmente por parte de la Xunta de Galicia y de la Generalitat de Cataluña para establecer unos precios mínimos viables para los ganaderos.
En ninguno de los correos aportados en el expediente se habla de hecho de un pacto sino de comentarios respecto a los precios que marcan unos y otros y de posibles subidas.
En el informe de la CNMC, se reconoce que las reuniones se articulaban entorno a los denominados Observatorios o Mesas de la Leche autonómicos con el objetivo de "propugnar el equilibrio entre los diferentes agentes", siendo la transparencia de precios y el control de la producción "elementos comunes de la política pública". Para el sector, "resulta difícil hacer entender a las industrias lácteas y a los ganaderos que las Administraciones no eran competentes en la materia".
Aunque no oculta las autonomías podrían haber impulsado el supuesto pacto, la CNMC insiste sin embargo en que el principio de legalidad debe prevalecer "frente a aquellas conductas realizadas al amparo de la pasividad de la Adminis- tración Pública, o cuando íésta actúa como facilitadora de las mismas".
El proceso en cualquier caso no está cerrado y las empresas, convencidas de su inocencia, están trabajando ya por eso en los recursos que van a presentar ante la Audiencia Nacional para defender que su actuación fue completamente lícita. Todas ellas están convencidas de que se les dará la razón.
Sector pequeño y poco estructurado
El sector lácteo español es un mercado pequeño, con un valor de producción que ronda en total los 2.720 millones de euros, y que está muy poco estructurado. En España, según los datos del Ministerio de Agricultura y de la patronal Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas), hay más e 1.500 industrias lácteas, de las que más de la tercera parte no tiene asalariados y cerca de la mitad presenta plantillas entre 1 y 9 trabajadores.
íšnicamente 11 empresas recogen más de 50.000 toneladas anualmente, mientras que en el extremo opuesto aparecen 130 con un volumen de recogida por debajo de las 1.000 toneladas al año. A nivel europeo, los cuatro grupos lácteas más grande procesan el 20% de toda la leche. Hay casos como Dinamarca y Holanda donde la primera compañía llega al 75%; en Francia las cinco grandes controlan el 60% y en Alemania el 46%. Hay hay 80 empresas que representan en conjunto más del 95% de la producción.
Javier Romera
