Faltan sólo cinco días para que se cierre el plazo de presentación de ofertas por la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid que el Ejecutivo regional quiere levantar en Valdebebas, el principal desarrollo urbanístico del norte de la capital, y todas las grandes constructoras del país están moviendo ficha para intentar hacerse con el jugoso contrato.
Con un presupuesto base de licitación de 1.700 millones de euros, este megaproyecto ha movido a los grandes grupos de infraestructuras a unir fuerzas en tres consorcios diferentes y, aunque todas las compañías están todavía atando los últimos flecos y, sobre todo, analizando la viabilidad de sus ofertas, las avanzadas conversaciones en las que se encuentran permiten hablar ya de tres grandes grupos.
Por una parte, FCC y Sacyr han acercado posturas en un consorcio al que tambiíén prevíé sumarse Isolux. Ferrovial y ACS, a travíés de Dragados, esperan repetir la exitosa alianza que ya les llevó a adjudicarse el servicio de recogida de basuras de la periferia de la capital; mientras que OHL y Acciona tambiíén están negociando acudir de manera conjunta, según ha podido confirmar este medio con fuentes conocedoras.
Las espectaculares dimensiones de la futura Ciudad de la Justicia, y el hecho de que se trate de una concesión –lo que conlleva que las empresas privadas anticipen el gasto–, abre la puerta a que estos consorcios terminen uniíéndose tambiíén a socios financieros, que aportarán la inyección de dinero necesaria para levantar el complejo.
De los 771 millones de euros en que se ha valorado el contrato, la Comunidad de Madrid ya ha invertido 288 en el suelo, los túneles y el Instituto de Medicina Legal, que ya está construido. Esto deja en 483 millones el importe estimado que deberán aportar inicialmente las compañías adjudicatarias, a cambio de hacerse con la concesión de todo el proyecto durante tres díécadas y de cobrar un canon anual de 45 millones de euros durante todo el periodo de vida de la concesión.
Para elegir al ganador se valorará tanto la propuesta tíécnica, que puntuará 500 enteros, como la económica y de reducción de plazos, que tambiíén se valorará en esa misma cifra. La hoja de ruta de la Comunidad de Madrid, que ha dado el pistoletazo de salida a esta faraónica concesión apenas tres meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, es llevar a cabo la apertura de las ofertas tíécnicas el próximo 14 de abril y, dos semanas despuíés, el 28 de abril, la correspondiente a la propuesta económica y de plazo.
Proyecto pendiente de las elecciones
El objetivo del Ejecutivo todavía presidido por Ignacio González es que el nuevo concesionario pueda comenzar las obras en julio y que la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid estíé lista en 2019. Un calendario que muchos ponen en cuarentena, a la espera de ver quíé ocurre en los comicios de mayo, quiíén termina formando Gobierno y quíé proyectos apoyará llevar adelante el nuevo Gobierno regional.
Este complejo siempre se ha identificado como una apuesta casi personal de Esperanza Aguirre, que ideó unificar en Valdebebas todos los tribunales de Madrid. De hecho, cuando todavía era presidenta de la Comunidad se colocó la primera piedra, en el año 2007, y por entonces se esperaba que el complejo estuviera funcionando para el año 2012, unos planes que la crisis financiera e inmobiliaria se encargó de hacer saltar por los aires, y que ahora, dentro del sprint de licitaciones que se están llevando a cabo en la capital justo antes de las elecciones, vuelve a cobrar protagonismo.
Con una extensión de 200.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia prevíé albergar a los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas del servicio de la Administración de Justicia, más 42.000 abogados y 1.719 procuradores. Según cálculos de la Comunidad de Madrid, las obras de este complejo permitirán crear 2.200 puestos de trabajo y una mejora de una díécima en el PIB regional.
Ruth Ugalde
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