Aumenta la tensión en torno a la futura compra de Canal+ por parte de Telefónica. El operador se muestra dispuesto a revender parte de sus nuevos contenidos audiovisuales a sus rivales, pero no acepta otras cuestiones que afectarían a su negocio de fibra óptica. Las reuniones mantenidas la semana pasada en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arrojan un escenario cargado de incertidumbres en un momento en el que, por calendario, todo debería estar ya encarrilado. De hecho, en lugar de resolver los flecos o asuntos menores, en los últimos días han surgido nuevas aristas y desencuentros en la negociación.
Según ha podido saber elEconomista, las condiciones que prevíé fijar la CNMC para permitir el proceso de concentración ni satisfacen a Telefónica ni tampoco a los operadores alternativos. El optimismo que existía hasta la fecha ha tornado en lo contrario. Por lo pronto, el acceso mayorista de los contenidos de Canal+ ya no supone un obstáculo para la compañía que preside Cíésar Alierta, pero sí otras cuestiones que afectan directamente a la comercialización de la televisión de pago junto con otros servicios como el acceso a la fibra óptica.
Pese al tira y afloja propio de estos procesos, el consejo de la CNMC prevíé autorizar a Telefónica la compra de Distribuidora de Televisión Digital (DTS), denominación formal de Canal+. Y esa aprobación condicionada sucedería a finales de mes, o como muy tarde a principio de mayo. No obstante, el visto bueno a la adquisición por ahora se haría sujeto a unas concesiones que por ahora no convencen a Telefónica, que es quiíén debería aceptarlas.
El acuerdo se presume complicado ya que, según apuntan fuentes del mercado, "los remedios ofertados por Telefónica no parece que vayan a evitar la distorsión en el mercado de las telecomunicaciones con el reclamo de los contenidos televisivos". Por su parte, Prisa asiste con el alma en vilo a un último tramo de las negociaciones de la que depende directamente su viabilidad financiera.
En cualquier caso, todavía existe tiempo para que las partes en conflicto suavicen sus diferencias y se produzca la autorización de la compra. Eso permitirá a Telefónica reforzar de manera extraordinaria el servicio de televisión de pago de la teleco, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. A los más de 2 millones de suscriptores de Movistar TV sumaría otros 1,6 millones procedentes de la, en breve, antigua sociedad del grupo Prisa.
Otras fuentes sondeadas por este periódico explican que, sean las condiciones que sean, el visto bueno a la operación se formalizará en el pleno de la CNMC, "al tratarse de una operación cuya extraordinaria complejidad exigirá la intervención de las dos salas del regulador: la de Competencia y la de Supervisión Regulatoria".
Una vez que la CNMC apruebe la consolidación en el sector audiovisual -y en función de la severidad de las condiciones impuestas-, podría darse el caso de que cualquiera de las partes directamente implicadas (Telefónica o Prisa) pudiera solicitar la actuación del Gobierno para corregir parcialmente la decisión del regulador sectorial. Para eso, la parte interesada debería argumentar sus motivos y dirigirlo por escrito al Ejecutivo. A partir de entonces, Moncloa tendría que consultar a los ministerios afectados para, posteriormente, resolver en Consejo de Ministros sobre la conveniencia de los requisitos o remedios sujetos a controversia. No obstante, el Gobierno que preside Mariano Rajoy en ningún caso podría vetar la compra.
Según ha podido saber elEconomista, el súper regulador impondrá una serie de condiciones relacionadas con la distribución de contenidos premium con el objetivo de preservar la competencia en lo que será la mayor operación de concentración del mercado audiovisual español desde la fusión de La Sexta con Antena 3, de octubre de 2012.
A grandes rasgos, Telefónica recibiría el permiso para realizar la compra de su socio y rival televisivo siempre que acepte la obligación de compartir con otros operadores los contenidos de Canal+.
De esa forma, el regulador abre la puerta a la creación de un mercado mayorista de contenidos, con unos precios razonables, lo que tambiíén permitiría a Telefónica rentabilizar parte de sus activos. Asimismo, operadores como Vodafone y Orange podrían convertirse en distribuidores de programas de Canal+, rompiendo las posibles exclusivas que pudiera atesorar Telefónica con la compra de la plataforma de Prisa.
En la ronda de consultas previas, los operadores alternativos a Telefónica han comunicado a la CNMC sus recelos ante una operación que podría poner en riesgo el mercado español de las telecomunicaciones. El temor de las referidas compañías pasa por la creación de un nuevo monopolio de eventos televisivos, donde la fusión de Telefónica y Canal+ daría origen a un gigante con una cuota de mercado superior al 80 por ciento en el sector de la televisión de pago.
Equidad y no discriminación
En el caso de Orange, su director de regulación, Julio Gómez, ya detalló el pasado 26 de enero la opinión de su compañía respecto a la necesidad de que la CNMC obligue a Telefónica a dar acceso a todos sus contenidos audiovisuales a sus rivales a precios regulados, en condiciones de "equidad, transparencia y no discriminación". En opinión de las fuentes del mercado consultadas, el regulador debería facilitar las condiciones para que los operadores alternativos puedan "replicar la oferta del operador dominante y competir con íél a travíés de ofertas convergentes entre las que se incluye la televisión de pago".
La Comisión de Competencia ha analizado el mercado español y en su resolución sobre la compra de Canal+ probablemente tomará en consideración el riesgo que supone el empaquetamiento de ofertas y servicios en los que los contenidos de televisión representan el factor diferencial.
El temor de los operadores alternativos consiste en que Telefónica pueda "estrangular los márgenes entre los precios mayoristas y los minoristas", al comercializar sus servicios de telecos de forma integrada. De hecho, ya existen en España más de 2,8 millones de abonados a la TV de pago que tienen el servicio contratado junto con otro servicio de telecomunicaciones.
En diciembre de 2014, el total de paquetes cuádruples y quíntuples superó los 8 millones, lo que representó 2,3 millones más que hace un año, según la CNMC.
Según datos del organismo supervisor, correspondiente al tercer trimestre de 2014, el número total de abonados a servicios de televisión de pago superó los 5 millones, con al IP-TV y la TV satíélite como motores del negocio, con el 39 por ciento y el 31 por ciento de los abonados, respectivamente.
Además, según la CNMC, los abonados de TV de pago aumentaron en casi un tercio (32 por ciento) respecto a diciembre de 2013, debido fundamentalmente al tirón comercial de Movistar TV asociado a ofertas integradas de voz y banda ancha fija y móvil.
Antonio Lorenzo
