El presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, puso cifra a las píérdidas que el Estado sufrirá por el rescate de las cajas de ahorros: más de 40.000 millones de euros, cantidad que parece que el Gobierno no podrá recuperar de los 56.181 millones de euros de fondos públicos que inyectó el Gobierno durante la crisis del sector financiero.
Restoy, que ayer compareció en la Comisión de Economía del Congreso, aseguró que hasta la fecha solo se han recuperado 3.092 millones de euros. De ellos, 1.884 millones de euros corresponden a la venta de Novacaixagalicia al grupo venezolano Banesco y a la devolución por parte de CaixaBank de la ayuda pública recibida por Banca Cívica tras la compra de esta entidad por el grupo que preside Isidro Fainíé. A esta cifra hay que sumar las recuperaciones previstas a medio y corto plazo por la venta de Catalunya Banc a BBVA, la previsible devolución de los bonos contingentes convertibles (cocos) recibidos por Caja3 ahora en manos de Ibercaja, y de Ceiss, ahora integrada en Unicaja y la ya anunciada por Liberbank. Además, el grupo que preside Josíé Ignacio Goirigolzarri tiene pendiente que BFA ingrese en el FROB los 1.304 millones obtenidos por la venta del 7,5% de Bankia el pasado año, de los que 136 millones son plusvalías.
A estas devoluciones habría que sumar, según explicó Restoy, la previsible venta del paquete del 62% que tiene el Estado en Bankia, que a precio de mercado del lunes estaría en torno a los 9.272 millones de euros (el valor de mercado del 100% de Bankia es de unos 15.000 millones) y la venta del paquete del FROB en BMN, cuyo valor teórico contable será de 1.593 millones de euros. El Estado recuperaría así casi 14.000 millones, cantidad que no cubre ni las ayudas totales de 22.424 millones concedidas a BFA-Bankia.
La venta de Catalunya Banc a BBVA y de la cartera de príéstamos hipotecarios a Blackstone (cuyos ingresos están incluidos en la suma de los fondos públicos a recuperar) solo aportará un saldo positivo de 328 millones de euros, que deben restarse a los 12.000 millones de euros que la entidad catalana recibió en ayudas del Estado.
Los diferentes grupos parlamentarios presentes ayer en la comparecencia del presidente del FROB coincidieron en pedir a esta institución más transparencia e información de las operaciones llevadas a cabo por la institución. Todos los grupos exigieron a Restoy un informe que canalice “detalladamente†la inversión pública en las intervenciones a la banca, además de los costes y beneficios que se han obtenido en las transacciones de Catalunya Banc o Nova Galicia.
Restoy aprovechó su visita al Congreso para destacar que al final más de 300.000 clientes de las entidades nacionalizadas recuperarán el dinero invertido en participaciones preferentes y deuda subordinada, gracias al proceso de arbitraje impulsado por el Gobierno, lo que supone un 57% de los inversores minoristas que tenían derecho a estos procedimientos y un 72% de los solicitantes. Restoy, que tambiíén es subgobernador del Banco de España, destacó que el FROB ha seguido adelante en su denuncia de irregularidades y ha puesto como ejemplo que recientemente ha remitido a la Fiscalía un expediente sobre la extinción de contratos de la alta dirección de Catalunya Banc entre 2008 y 2009. Esta denuncia se suma a los 25 expedientes que el FROB ya envió al fiscal por operaciones inmobiliarias sospechosas de la misma entidad y de Novacaixagalicia, que habrían supuesto un perjuicio de algo más de 1.700 millones; y las supuestas irregularidades en los sueldos de la antigua cúpula de Bankia o las tarjetas black.
Sobre las críticas de algunos pequeños accionistas que reclaman que el FROB se retire como acusación en el caso Bankia, Restoy afirmó que el FROB se ha guiado en todo momento “por los mismos principios que han inspirado su estrategia en el resto de causas en los que está o ha estado involucrado: la contribución al esclarecimiento de los hechos y la defensa del interíés públicoâ€.
Es en ese marco en el que Restoy interpreta las discrepancias entre la estrategia del FROB y la de otras partes acusatorias, que “no tienen por quíé ser coincidentes ni en sus intereses ni en sus valoracionesâ€, lo que no significa que el FROB no tenga derecho a ser parte personada, aclaró.
íngeles Gonzalo Alconada
