EFE
El Gobierno panameño afirmó hoy que respeta y garantiza la seguridad jurídica y la libre empresa, luego de que un importante gremio privado lo acusara de lesionar estos principios.
El ministro panameño de la Presidencia, ílvaro Alemán, dijo a periodistas que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela está "comprometido básicamente en que se respeten las reglas del juego y que haya reglas claras para los inversionistas".
Alemán remarcó que la Administración de Varela está abierta a la inversión y que cada día, indicó, "son más las empresas que llegan a nuestro país explorando posibilidades de negocio (...) porque saben que hay un estado de derecho que le permite a las empresas hacer negocios en un marco de seguridad jurídica".
El alto funcionario reconoció que es "inevitable" que existan diferencias ya que, dijo, "vivimos en democracia y el sector privado tiene todo el derecho de expresar sus inquietudes".
Sin embargo, según Alemán, a diferencia del anterior Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora se "vela por actos públicos transparentes" y "no se persigue a los empresarios".
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, que aglutina a diversos gremios productivos del país, dijo hoy que el Gobierno de Varela "lesiona" la seguridad jurídica y los principios de la libre empresa, por lo que hizo un llamado al diálogo y la concertación con el Gobierno.
El Conep lanzó la alerta despuíés de que el Ejecutivo de Varela, un empresario de la industria licorera, anunció la semana pasada que conformará una comisión para decidir el futuro de un proyecto hidroelíéctrico, con un 95 % de avance y suspendido en febrero pasado, en la que no participará el contratista a cargo de la obra.
Esa decisión del Gobierno "nos deja a todos muy perplejos (...) el mensaje fue absolutamente negativo para el sector privado y para la banca, que pone una luz roja sobre estos proyectos" del sector energíético, afirmó este martes la presidenta del Conep, Elisa Suárez.
El Gobierno panameño anunció el pasado día 4 que junto con una comisión de indígenas decidirá si la hidroelíéctrica, denominada Barro Blanco, será concluida por el mismo contratista que la desarrolla, la hondureña Genisa, a la que acusa de incurrir en "recurrentes fallas administrativas y manejo inadecuado" del proyecto.
Suárez añadió que el caso de Barro Blanco forma parte del "cúmulo de acciones que el Gobierno lleva a cabo en detrimento del sector empresarial", entre las que mencionó intervenciones para el cese de operaciones, la aplicación de un control de precios en ciertos alimentos básicos y el retardo en el pago de cuentas pendientes.
Alemán respondió que sobre la hidroelíéctrica el Gobierno ha actuado con "suma responsabilidad" para prevenir un "estallido social", pero que, "lamentablemente la empresa contratista incurrió en algunas conductas que no fueron las mejores". Añadió que "siempre" han hecho a la empresa partícipe del diálogo.
"Estamos un equipo multidisciplinario del Gobierno conversando con los sectores originarios del área, con la empresa contratista, buscándole una solución al problema que permita básicamente llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes", recalcó Alemán.
Empero, Alemán indicó que deben tomarse decisiones consensuadas que tomen en cuenta los intereses tanto del inversionista como de los sectores originarios que viven en el área de la presa.
Tambiíén subrayó que toda empresa que estíé en el país tiene que respetar las leyes laborales, ambientales y de otra índole y actuar en un marco jurídico.
En cuanto al retardo en el pago a las cuentas pendientes, Alemán dijo que la semana pasada la Contraloría (tribunal de cuentas) "pagó un número significativo de deudas al sector (privado)".
El ministro de Economía y Finanzas encargado, Iván Zarak, confirmó hoy que un total de 1.017 millones de dólares pagó el Gobierno al sector privado en los primeros cuatros meses del año en curso, el 82 % de las cuentas por pagar correspondientes al año fiscal 2014, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
