AFP
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, se libró de una investigación por lavado de dinero, hecho que había empezado a complicar el gobierno de su esposo, Ollanta Humala, cuando falta un año para las elecciones presidenciales.
Una resolución judicial impidió el martes al fiscal reabrir un caso que fue investigado en el 2009 y archivado en el 2011, pues consideró que "se trata de hechos ya decididos" y que iniciarse una nueva investigación vulneraría la ley.
La fiscalía de lavado de activos aseguraba que Heredia no habría justificado ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2005 y el 2009, lapso en el cual Humala recibió financiamiento de empresas venezolanas para su campaña presidencial, aunque el propio gobernante peruano ha descartado cualquier ilegalidad en ello.
Para el fiscal Ricardo Rojas era necesario establecer "la procedencia y destino de los ingresos" de esos fondos venezolanos, según la resolución del pasado 29 de enero por la cual reabrió el caso, lo que contemplaba investigar las cuentas de Heredia desde el 2005 en adelante.
El fiscal usaba como elementos nuevos el depósito en 2005 de unos 87.000 dólares desde la empresa venezolana Kaysamak a las cuentas de una amiga - Rocío Calderón- y de la madre de Heredia, que luego se traspasaron a la cuenta de la hoy primera dama y presidenta del Partido Nacionalista.
No obstante, la justicia determinó que Nadine Heredia no podrá ser investigada por hechos que anteriormente fueron archivados -el período 2005 del al 2009- tras aceptar una parte de una demanda de habeas corpus que formuló la defensa de la primera dama.
El tribunal dejó libre a la fiscalía para poder investigar desde el 2009 en adelante, pero la defensa de Heredia apelará para que el impedimento sea total.
El abogado de la primera dama, Roy Gates, recordó que la investigación fue archivada en 2011 luego de levantar el secreto tributario y bancario de Heredia y probar que todos sus ingresos estaban debidamente sustentados.
El presidente Humala ha señalado que las donaciones que llegaron para la formación de su partido fueron hechas por una empresa venezolana, de forma legal, mediante bancos y debidamente sustentadas. Heredia explicó la semana pasada en una declaración en la red social Facebook, que "nunca recibió dinero de las arcas del Estado venezolano".
La prensa ha vinculado al propietario de la firma Kaysamak, donante de Humala, como cercano al chavismo.
La investigación del Ministerio Público había provocado críticas del gobierno y el apoyo de la oposición debido a que Humala recibió durante su campaña en el 2006 -en la que perdió ante Alan García- un abierto respaldo del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
Tras distanciarse de Chávez y del discurso radical de izquierda, Humala volvió a postular en 2011, cuando fue electo presidente.
El tema le estaba abriendo un nuevo frente al gobernante, cuya popularidad está en 16% y lidia con protestas antimineras y socio ambientales, que lo han obligado a enviar a las fuerzas armadas a distintas partes del país, para garantizar el orden público.
Mientras tanto busca el apoyo del Congreso -donde no tiene mayoría- para conseguir facultades para legislar en materia de economía y seguridad ciudadana.
El congresista oficialista Freddy Otárola, resaltó que la denuncia contra Heredia buscaba inhabilitarla como candidata al parlamento unicameral en los comicios del próximo año.
La fiscalía tambiíén mostró como nuevos elementos para la investigación, el hecho de que Heredia era beneficiaria adicional desde 2013 de una tarjeta de críédito platinum, cuya titular era precisamente su amiga Rocío Calderón, la misma que en 2005 recibió en su cuenta los fondos desde Venezuela.
Con esa tarjeta, Heredia hizo gastos en el extranjero por 38.000 dólares, que incluyen compras de artículos de lujo, que desataron fuertes críticas en la opinión pública.
De acuerdo con el abogado Gates, debido a la estrecha amistad que tienen, Calderón entregó la tarjeta a Heredia para que íésta le hiciera compras cuando viajaba al extranjero.
El hecho cobró relevancia porque las leyes peruanas tienen en la mira el uso de tarjetas de críédito adicionales que son usadas para burlar los controles financieros y lavar activos.
