AFP
Volkswagen confesó el martes haber equipado once millones de coches en todo el mundo con un software de manipulación de datos de emisiones contaminantes, en un escándalo que volvió a derrumbar las acciones del gigante alemán en Bolsa.
El índice Dax 30 de Fráncfort cayó un 3,80%, lastrado por los títulos de Volkswagen, que se derrumbaron un 19,82%, despuíés de haber perdido casi un 18% el lunes.
Así, en dos días, la desvalorización bursátil del líder mundial de la venta de automóviles alcanzó el 35% respecto al cierre del viernes, cuando se desató el vendaval.
El caso fue destapado en Estados Unidos, que este martes anunció la apertura de una investigación penal.
"Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo fueron equipados" con un programa informático diseñado para falsear los resultados de los controles de polución, admitió la compañía en un comunicado.
"Nuevas investigaciones internas han demostrado que ese software se había instalado en otros vehículos diíésel del grupo", apuntó. Eso podría indicar que softwares fraudulentos detectados en modelos de las marcas VW y Audi en Estados Unidos podrían estar presentes en otras insignias de la casa matriz, que cuenta entre sus pertenencias nombres como Seat, Skoda o Porsche.
Volkswagen anunció además haber aprovisionado 6.500 millones de euros en el tercer trimestre del año para enfrentar las primeras consecuencias del caso, lo cual la llevará a "ajustar sus metas de beneficios de 2015".
El presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, se declaró el martes "profundamente apesadumbrado" por "la falta" cometida por la empresa.
"Estoy profundamente apesadumbrado por haber defraudado la confianza de la gente. Presento mis más sinceras disculpas a nuestros clientes, a las autoridades y a la opinión pública por esta falta", declaró el ejecutivo en un video.
Las "irregularidades (...) contradicen todos nuestros valores", agregó, prometiendo una investigación "rápida, total y transparente" sobre lo ocurrido.
Según el diario Handelsblatt, Winterkorn tendrá que rendir cuentas de la situación en una reunión de una parte del Consejo de Vigilancia prevista para el miíércoles.
En principio, el viernes próximo, Volkswagen tenía previsto prolongar el mandato de Winterkorn hasta finales de 2018, aunque según analistas el escándalo pone todo en duda.
La jefa del gobierno alemán Angela Merkel exigió "transparencia total" para aclarar el caso que compromete la credibilidad de una empresa identificada con la excelencia de la industria alemana.
La espiral del escándalo trascendía las fronteras.
En Estados Unidos, donde la agencia californiana de protección del medio ambiente (Carb) ya investigaba el caso, la división de recursos naturales del Departamento de Justicia decidió incoar una causa penal contra la firma.
Italia y Francia anunciaron por su parte la apertura de sendas investigaciones, en tanto que las autoridades surcoreanas convocaron a directivos del grupo para exigirles explicaciones.
Las autoridades estadounidenses revelaron el viernes pasado que 482.000 vehículos de las marcas Volkswagen y Audi, fabricados entre 2009 y 2015 y vendidos en ese mercado, estaban equipados con un programa informático que detectaba automáticamente los controles de contaminación con el objetivo de falsear los resultados.
Volkswagen suspendió desde entonces la venta de sus diíésel en el mercado norteamericano.
El gigante alemán, con una plantilla de 590.000 operarios en todo el mundo, podría ser condenado a una multa de hasta 18.000 millones de dólares (16.000 millones de euros). A esa suma deben añadirse los costes del retiro de los vehículos concernidos y de las indemnizaciones de eventuales demandas públicas y privadas.
Paralelamente a este escándalo, extrabajadores y activistas presentaron en Sao Paulo (Brasil) una demanda civil contra Volkswagen por haber permitido torturas y persecuciones de decenas de funcionarios opositores al ríégimen durante la dictadura militar brasileña.
"Hubo trabajadores de Volkswagen que fueron víctimas de tortura y prisión ilegal, así como otros que fueron víctimas de desempleo y fueron incluidos en 'listas negras', monitoreados y vigilados ilegalmente", explicó Rosa Cardoso, una de las abogadas que coordinó la Comisión y hoy representa a víctimas de este caso.
