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El gobierno argentino se encamina a sentarse a negociar a partir de mediados de enero con los fondos buitre que demandaron un oneroso pago por bonos de deuda adquiridos a terceros.
Así se conoció luego de la reunión sostenida en Nueva York el lunes entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el mediador en el litigio nombrado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack.
Las partes informaron que en la segunda quincena del mes próximo comenzarán lo que denominaron "negociaciones sustantivas" entre el gobierno argentino y los fondos financieros que demandaron al país.
Sobre el encuentro del lunes, Pollack dijo que fue una reunión constructiva la cual abarcó una serie de cuestiones y se acordó que los funcionarios argentinos regresen a Nueva York para iniciar las negociaciones.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó que durante la reunión de Pollack con Caputo y Quintana, "se acordó un cronograma de encuentros a llevarse a cabo durante el mes de enero con el objeto de arribar a una solución al largo litigio en el juzgado de Nueva York".
El conflicto con los fondos buitre arrancó con una sentencia original de mil 330 millones de dólares en una causa presentada por las financieras Elliot, Aurelius y Olifant.
Luego se extendió a otros tenedores de deuda, los llamados "me too" (yo tambiíén), por lo que el monto en cuestión asciende ahora como mínimo a 10 mil millones de dólares.
El encuentro del lunes fue el segundo cara a cara entre Pollack y Caputo. El secretario de Finanzas ya estuvo en Nueva York a principios de diciembre, luego de que Macri ganara el balotaje, para manifestarle la intención de la nueva administración de iniciar negociaciones apenas asumiera la conducción del país.
Para poder avanzar en las negociaciones, el Gobierno argentino tiene que liberar el camino legal, ya que se encuentra restringido por la vigencia de las Leyes de Pago Soberano y Ley Cerrojo.
Esas legislaciones le impiden negociar la deuda externa en condiciones que no sean "justas equitativas y soberanas para el 100 por ciento de los tenedores", recuerda la agencia de noticias Tíélam.
Incluso, en el caso de la Ley Cerrojo rige la imposibilidad de ofrecer una oferta de canje mejor a la que recibieron los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010. De ese modo, entonces la administración macrista tiene tres caminos posibles para viabilizar esta cuestión.
Uno es recurrir al Congreso por la vía normal, para lo cual deberá negociar con los distintos bloques, debido a que la alianza Cambiemos no cuenta con el número suficiente para lograr su cometido, y esperar al 1 de marzo, cuando reabran sesiones ordinarias.
El segundo camino es convocar a sesiones extraordinarias, para tratar un conjuntos de leyes prioritarias, y discutir esta cuestión al calor del verano. Finalmente, la tercera vía es recurrir a otro Decreto de Necesidad y Urgencia para arrancar cuanto antes con las negociaciones.
Consultados sobre el tema, funcionarios en el Ministerio de Hacienda y Finanzas evitaron precisar cuál de estos caminos escogerá Macri para avanzar en su cometido, pero la práctica en estas dos semanas de gobierno ha sido la imposición de decretos.
