Por... Horacio Giusto Vaudagna
Horacio Giusto Vaudagna considera que la responsabilidad de los actos de corrupción no recae exclusivamente sobre los individuos que los cometen sino tambiíén sobre la sociedad que defiende un rol demasiado expansivo para el Estado.
Sin lugar a dudas la reciente detención de Ricardo Jaime ha generado una gran esperanza en la Argentina que se viene, ya que se establece la firme voluntad de no dejar impune a los funcionarios que durante años delinquieron; pero es preciso salirse de la emoción del momento, es una oportunidad clave para reflexionar los motivos centrales y adyacentes por los cuales tantos funcionarios han defraudado al Estado y se han mantenido en las esferas del poder durante años.
Ricardo Jaime ocupó un cargo central en la función pública desde el año 2003 hasta el 2009 como Secretario de Transporte, pero sus orígenes políticos datan desde los años ochenta acompañando al ex presidente Níéstor Kirchner, quien fue escalando en el poder desde la intendencia de Río Gallegos hasta llegar a la presidencia del país en 2003. Jaime siempre estuvo a su lado ocupando roles centrales en cada gestión. La asociación política entre la familia Kirchner y Jaime posee una larga data basada en la confianza que se tenían mutuamente, proveyíéndose favores mutuamente durante díécadas, uno trabajando en campaña para logar el ascenso del kirchnerismo en el poder y, el otro asignando en cargos estatales a Jaime. Llegado el año 2016 surge la posibilidad de tratar la “Ley del Arrepentidoâ€, debatida en el ámbito político argentino, cuyos fines persigue la búsqueda de que ciertos funcionarios procesados por corrupción conmuten sus penas por brindar información sobre los superiores encargados de dirigir los ilícitos. En esta exploración de llegar al eslabón mayor en la cadena de corrupción, sería por demás interesante ver a quien podría apuntar Ricardo Jaime, quien tuvo protección política dentro del kirchnerismo durante toda su vida pública.
Resultaría muy reduccionista creer que Jaime, o la misma Milagros Sala, son ejemplos aislados de corrupción. El problema es mucho más complejo, es preciso pensar en todo aquello que facilitó la comisión de delitos por parte de personas que solo ambicionaron acrecentar sus riquezas a travíés de la defraudación al Estado. Un modelo de Estado que hizo propio la idea de que lo público es gratuito solo facilita el camino para que la corrupción se enquiste en lo más profundo de su seno. Cuando una nación empieza a adoptar la idea de que lo público es gratis, inmediatamente está desplazando toda responsabilidad sobre el cuidado de la cosa pública, ya que algo que no tiene mayores costes no requiere mayores cuidados su protección.
Básicamente se podría decir que los puestos públicos son sostenidos por un sector privado que soporta la carga impositiva. Existen funciones públicas que son fácilmente controlables por el ciudadano, como es el caso de los docentes o de ciertos jueces, ya que su inmediatez con la sociedad civil así lo permiten. Pero existen esferas públicas que son incontrolables por cualquier mero habitante. Ricardo Jaime es el claro ejemplo de un funcionario que, aun cuando la sociedad sabía de sus actos corruptos, no podía ser alcanzado por la Justicia ya que había un poder político que lo protegía. Los mismos contribuyentes que abiertamente denunciaban sus conocidos ilícitos debían seguir tributando impuestos, una parte de los cuales se destinaban al sueldo del ex Secretario de Transporte y de todos aquellos que deliberadamente lo encubrían.
Para evitar que situaciones como las de Jaime se repitan es oportuno replantearse quíé clase de Estado se necesita. Si se adopta un Estado enorme, un Estado deficitario que albergue miles de funcionarios, ministerios y secretarías, el control se vuelve casi imposible. Si en cambio se opta por un Estado más chico y eficiente, con verdaderos valores republicanos, todos los actos públicos serán transparentados y de fácil acceso a la sociedad. El control privado sobre la función pública es lo que permitirá a la Argentina evitar tragedias, como puntualmente la sucedida en la terminal de trenes de Once en el año 2012.
Por lo expuesto, desde una mirada de auto crítica, es posible decir que Ricardo Jaime no es plenamente responsable de todos sus actos de corrupción. La sociedad que defiende una expansión incontrolada del Estado, que año tras año vota a partidos políticos que alimentan a personajes como Jaime tambiíén tiene su cuota de responsabilidad.
Como dice una vieja frase: “la culpa no es del chancho, sino del que le da de comerâ€.
