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Tras descubrir nuevas pistas, la justicia de ese país llamó al heredero de la firma Lee Jae-yong para ahondar sobre su posible participación en un soborno.
La fiscalía de Corea del Sur citó nuevamente al heredero de Samsung, Lee Jae-yong, para ser interrogado sobre acusaciones de supuesto soborno. Hace menos de un mes, un tribunal de Seúl rechazó una petición para su detención.
Samsung es sospechoso de haber proporcionado decenas de millones de dólares en dinero y favores a la presidenta del país, Park Geun-hye, y a su ahora encarcelada amiga Choi Soon-sil a cambio de apoyo gubernamental para un acuerdo de fusión entre dos de sus afiliadas en 2015.
La fusión ayudó a Lee, el multimillonario vicepresidente del gigante tecnológico Samsung Electronics, a promover una transferencia de liderazgo de padre a hijo en el grupo.
Las acusaciones de soborno surgieron cuando las autoridades ampliaron su investigación sobre un escándalo político que provocó un juicio político contra Park. Los fiscales acusaron a Park de permitir que Choi manejara los hilos del gobierno desde la sombra y pidiera dinero a Samsung y otras grandes compañías.
Los fiscales planean interrogar a Lee sobre nuevos descubrimientos realizados en las últimas semanas y podrían solicitar una nueva orden de arresto en su contra, según el vocero de la fiscalía, Lee Kyu-chul. A su entrada a una oficina de la fiscalía, Lee Jae-yong dijo a reporteros que respondería fielmente al interrogatorio.
Los fiscales buscaron el arresto de Lee en una citación previa el mes pasado, pero la Corte de Distrito Central de Seúl determinó que no existían evidencias suficiente para justificar su detención en ese momento.
A Moon Hyung-pyo, ex ministro de Salud del país, se le abrió un proceso por la acusación de que presionó al Servicio Nacional de Prensiones para que apoyara la fusión de Samsung a pesar de que la participación del fondo en una de las compañías le hizo perder aproximadamente cientos de millones de dólares en valor.
Abogados de Park rechazaron los planes de permitir a las autoridades interrogar a su cliente en persona la semana pasada, en protesta por filtraciones a la prensa sobre el momento y lugar de su interrogatorio.
Mientras, la Corte Constitucional de la nación delibera sobre si se termina formalmente el mandato de la presidenta y convoca elecciones anticipadas para elegir a su sucesor.
