Por... Iván Alonso
Iván Alonso considera que los turistas si deberían pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) dado que este impuestos financia servicios públicos de seguridad y alumbrado público de los cuales también se benefician los turistas extranjeros.
Ay, este Gobierno. No pasa un día sin ejercitar sus impulsos intervencionistas. Un subsidio por acá, una deducción por allá, un fondo de promoción más allá. La última voltereta (o, mejor dicho, la más reciente) es la ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo.
La ley 30641 es una ley del Congreso, es cierto, pero que nace de varios proyectos, entre ellos el 01486/2016-CR, presentado por la bancada oficialista. Este proyecto, prefigurado ya en la campaña presidencial, se refiere justamente a la devolución del impuesto general a las ventas (IGV) a los turistas extranjeros por los servicios de alojamiento y transporte, espectáculos y todo lo que hayan comido y bebido durante su estadía en el país. Se les devolverá también el impuesto selectivo al consumo que hubieran pagado. ¿Qué es lo que motiva tanta generosidad? Pues alcanzar la meta de 8 millones de turistas en el año 2025 que se ha fijado en el Plan Estratégico Nacional Exportador (recatadamente, el PENX).
El Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado que, de haber estado vigente esta ley en el 2015, se habría tenido que devolver 433 millones de soles, según refiere la exposición de motivos… aunque probablemente se trate de 433 millones de dólares, una cifra que cuadra mejor con los 3.309 millones de dólares que, de acuerdo con estimados del Banco Central de Reserva, gastaron los turistas extranjeros ese año. Si el gasto de los turistas que llegan al país sigue creciendo 6% anualmente, en el 2018 habría que devolver más de 500 millones de dólares, mientras el Gobierno suda frío para encontrar suficientes ingresos fiscales para equilibrar un presupuesto que se está incrementando en 15.000 millones de soles.
¿Cuál será el efecto en la llegada de turistas? La ley presume que, al devolvérseles los impuestos, el costo neto de visitar el Perú se abaratará y más extranjeros querrán venir. Una simple aplicación de la ley de la demanda: a menor precio, mayor cantidad. Pero esa lógica falla porque el turista extranjero ya ha revelado lo que está dispuesto a pagar. Nada impide, por tanto, que los proveedores de servicios, en la medida en que puedan distinguir entre el turista extranjero y sus demás clientes, incrementen los precios que cobran al primero, y sobre eso agreguen el IGV, que el turista no tendrá problema en pagar porque sabe que lo va a recuperar al momento de salir del país.
El especialista en la materia es el propio estado. La entrada a Machu Picchu cuesta 70 dólares para extranjeros, es decir, 59 más IGV. Ahora que se le va devolver el IGV, el turista extranjero tranquilamente puede pagar 83 dólares. Cuando salga del país, recuperará 13, de manera que el costo neto para él quedará en los mismos 70 que paga hoy. Los hoteles, que pueden verificar fácilmente la nacionalidad del pasajero, harán lo mismo; los transportistas también. En otras palabras, la devolución del IGV no es una reducción del costo para el turista, sino una transferencia de recursos del fisco a los proveedores de servicios.
Creemos, pues, que el efecto de la ley en la promoción del turismo extranjero será limitado. Al margen de eso, no entendemos por qué debería exonerarse al turista de pagar los impuestos que son necesarios para solventar servicios como la policía y el alumbrado público, que benefician a peruanos y extranjeros por igual.
Referencia:
1 Art. 104 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
