Por... Manuel Sánchez González
Manuel Sánchez González considera que las demandas de EE.UU. en cuanto a la renegociación del NAFTA se guían por beneficios políticos y pondría en riesgo la seguridad jurídica que el tratado aporta a sus socios en su forma original.
La extensión del calendario de renegociación del TLCAN hasta 2018 ha reflejado el rechazo de ciertas solicitudes de EE.UU. por parte de México y Canadá. La mayoría de las demandas confirma una visión económica errónea del gobierno estadounidense.
Según las declaraciones recientes de su representante de comercio, EE.UU. busca reducir su déficit comercial porque, supuestamente, revela el beneficio de otras naciones a costa de los empleos estadounidenses. Además, no considera justo apoyar la seguridad jurídica de otros países, ya que ello propicia la ubicación de sus empresas en el exterior.
Este enfoque está reñido con la evidencia de que las transacciones económicas siempre favorecen a las partes involucradas y que en el comercio y la inversión los beneficios superan a los costos.
Con base en la información disponible públicamente, destacan cinco modificaciones impulsadas por EE.UU., dos de alcance general y tres de perímetro sectorial.
La primera exigencia amplia es la introducción de una cláusula de extinción del TLCAN a los cinco años de vigencia, a menos que los tres países lo ratifiquen. Esta disposición parece redundante ya que el actual texto prevé la posibilidad para cualquier país de abandonarlo con sólo seis meses de aviso.
Probablemente, la intención estadounidense sea facilitar el proceso de su salida ante eventos como la falta de “corrección” del saldo comercial. El impacto potencial de esa cláusula podría ser sustancial, al introducir una gran incertidumbre para la planeación de las empresas.
El segundo requerimiento general se refiere a los tres procedimientos de resolución de controversias del actual TLCAN, los cuales se basan en paneles de expertos cuya misión es encontrar una posición objetiva entre las partes.
Al respecto, una modificación mayor es convertir en opcional el mecanismo para las disputas entre inversionistas y el Estado, contenido en el capítulo 11. Originalmente, ese proceso se introdujo a petición de EE.UU., para proteger a sus ciudadanos contra la posible falta de garantías jurídicas en México. Convertirlo en voluntario podría deteriorar la confianza de los inversores en nuestro país.
EE.UU. también pide eliminar el capítulo 19 de controversias sobre antidumping y derechos compensatorios por subsidios.
Posiblemente, su empeño sea agilizar esas medidas a favor de sus productores, llevando, en todo caso, los juicios a sus propios tribunales. No obstante, el cambio podría no ser tan drástico ya que la OMC cuenta con un proceso alternativo que ha probado tener cierta efectividad.
Por último, esa nación quiere convertir en no vinculantes las conclusiones de los paneles para los conflictos entre Estados, previstos en el capítulo 20. Empero, en años recientes la mayor parte de las querellas se ha resuelto en la OMC.
El primer cambio sectorial de gran envergadura consiste en el aumento significativo de contenido regional y la inclusión de contenido estadounidense para la industria automotriz, como requisitos para gozar de las preferencias del TLCAN. La pretensión es regresar las fábricas automotrices a EE.UU.
Ambas exigencias son complicadas de cumplir, considerando las cadenas de suministro que se han desarrollado durante varias décadas. Su rompimiento generaría dislocaciones laborales y un incremento de los costos de producción y de los precios.
Una posibilidad es que las automotrices prefieran exportar a EE.UU. pagando sus aranceles de Nación Más Favorecida acordados en la OMC, en lugar de satisfacer los requisitos de contenido, el cual incluso podría disminuir.
Mas importantemente, la solicitud de ese país es inconveniente no sólo porque incrementa la complejidad del sistema de contenidos, ya de por sí elevada, sino porque busca limitar aún más las oportunidades de la economía global.
Dos modificaciones finales se refieren a la agricultura y las compras gubernamentales. En el primer caso, entre otras demandas, se busca imponer obstáculos estacionales a algunos productos perecederos mexicanos, como frutas y verduras frescas. En el segundo, se pretende topar la proveeduría externa al monto nominal, y no al porcentaje, en que los otros dos gobiernos lo permitan en sus países.
En suma, las solicitudes de EE.UU. parecen guiarse por los beneficios políticos, más que el bienestar de su población. Es notable la ausencia de preocupación por el consumidor, que debería ser el centro de la política económica. Su concreción podría debilitar los flujos de bienes y de capital en la región.
