Los temidos y tristes daños "colaterales"
30 trabajadores se encierran en un juzgado de Madrid para denunciar que no cobran el paro
Unos 30 trabajadores se encerraron hoy en la sede del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid para denunciar que los trámites de la Ley Concursal evitan que, despuíés de seis meses, unas 180 familias en Madrid y un total de 480 en toda España no han podido romper todavía su relación laboral con Corman, empresa de prevención de riesgos y seguridad en la construcción, por lo que ni reciben paro ni pueden buscar un nuevo empleo.
Ep - Madrid - 10/12/2008
Despuíés de más de tres horas encerrados de forma espontánea, los trabajadores fueron desalojados de manera pacífica por la Policía Nacional sin una respuesta, ya que, al parecer, los papeles han sido "devueltos al Decanato" alargando el plazo de espera. "Para estar en la calle preferimos estar ahí arriba, o sino que nos lleven presos porque dentro de la cárcel vamos a estar comiendo y calientes", aseguró Daniel, uno de los trabajadores encerrados.
Este trabajador, que además está escayolado de un pie, describió que estaba "destrozado" porque ya ha recibido el aviso de embargo para dentro de diez días y no tiene para "dar de comer" a sus dos hijos, de los cuales uno tiene el 75% de discapacidad. "Todos los días me pide de comer y muchas veces por la noche no puedo dormir", relató.
Como ellos, hay otras 180 familias en Madrid que se encuentran en una situación parecida despuíés de seis meses sin recibir ingreso alguno, ni cobrar el paro o poder buscar un nuevo trabajo. "El sistema que me tiene que proteger me está diciendo que me tengo que ir a la calle a robar", subrayó Luis, otro de los trabajadores que, en su situación, ya ha tenido que dejar su casa e irse a vivir con sus padres.
Por su parte, el secretario sectorial de Construcción de UGT, Francisco Martínez, que acompañaba a los trabajadores para "conocer su situación" Mercantil, exigió un cambio en una Ley Concursal que, según íél, provoca que los plazos se alarguen.
"Cuando antes teníamos la suspensión de pagos, en caso de haber acuerdo, la autoridad laboral en quince días resolvía, por lo que uno se podía buscar la vida o ir al paro. Con esta ley ya estáis viendo", se lamentó Martínez.
