Por... Glenda Arcia
A un año de la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), ambas partes aseguran estar más cerca de un acuerdo final, pese a la complejidad del proceso y a un escándalo sobre la posible manipulación del referendo de 2016.
Recientemente, el exdirector de investigación de Cambridge Analytica (CA) Christopher Wylie confirmó la participación de esa empresa en la campaña por el Brexit y aseguró que, sin la intervención de la compañía, los resultados de la consulta podrían haber sido diferentes.
Durante una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el joven de 28 años afirmó que la interferencia de esa entidad y la canadiense AggregateIQ (AIQ) pudo ser la clave para el triunfo del Sí en junio de ese año, respaldado por 17 millones 410 mil 742 ciudadanos (52 por ciento).
'El referendo se ganó con una diferencia de menos del dos por ciento y se gastó mucho dinero en la publicidad hecha a medida, basada en datos personales. Las agrupaciones defensoras de la separación de la UE usaron más dinero que el legalmente permitido. Eso tiene que ser investigado', señaló. Con sedes en Londres, Nueva York y Washington, CA es acusada de emplear los datos de 50 millones de usuarios de la red social Facebook para influir en la decisión de los votantes en las elecciones que llevaron a la presidencia al estadounidense Donald Trump y otros procesos políticos.
'Que una campaña se dirija a colectivos concretos no es algo nuevo. La diferencia es cuando mientes y creas una realidad a medida para alguien, cuando te diriges a una persona porque sabes que es más susceptible de entrar en teorías conspirativas y la llevas a una espiral de noticias falsas', señaló Wylie.
A esto se suman las declaraciones del exvoluntario de la campaña oficial por la separación de la UE (Vote Leave) Shahmir Sanni, quien develó el gasto por sus organizadores de más de los ocho millones de euros permitidos y la donación a otros grupos como BeLeave y Veteranos por Gran Bretaña de cientos de miles de euros para contratar los servicios de AIQ y CA.
Según una investigación publicada por el diario The Guardian, AIQ obtuvo más de tres millones de euros de cuatro agrupaciones diferentes a favor del Brexit, las cuales solo podían trabajar juntas si compartían los límites de gasto.
Dicho escándalo salpica a importantes figuras del gobierno como el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y el titular de Medioambiente, Michael Gove, y está provocando un incremento de las demandas para la celebración de un nuevo referendo o la cancelación del proceso de salida del bloque.
Como parte de las indagaciones sobre lo sucedido, el Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del parlamento británico solicitó un debate con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pero este negó esa posibilidad y anunció el envío de sus colaboradores Mike Schroepfer y Chris Cox.
La divulgación e investigación de los hechos ocurre en una etapa fundamental de las negociaciones con Bruselas, a la que se llega después de varias desavenencias y la constante postergación de asuntos fundamentales.
Como advirtió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el desafío más difícil está aún por llegar y la fase que comienza será una feroz carrera contra el tiempo.
De acuerdo con lo previsto, las conversaciones deben concluir en octubre y a mediados de ese mes tiene que estar listo un convenio que incluya los términos del divorcio, los detalles del período de transición y una declaración adjunta donde se defina el marco de las relaciones futuras.
El catalogado por los analistas como el momento más delicado del proceso comienza con numerosas promesas y textos que esbozan de manera general pactos parciales, donde no faltan las imprecisiones.
La mayoría de esos acuerdos fueron aceptados por el Reino Unido bajo la presión de la UE y poco antes de la celebración de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la plataforma comunitaria.
Recientemente la primera ministra, Theresa May, y el titular para el Brexit, David Davis, reconocieron que decidieron renunciar a algunos beneficios en función de facilitar el avance de los diálogos.
Así, aceptaron el pago de unos 45 mil millones de euros por compromisos financieros, desistieron de la idea de diferenciar los derechos de los ciudadanos europeos establecidos en su territorio antes y después de la salida, y se conformaron con un plazo de 21 meses para la adaptación tras la ruptura.
En el caso del período de transición, May había solicitado al menos dos años para el reajuste de las empresas y el gobierno, pero Bruselas descartó esa posibilidad y logró que se aprobara un proceso cuya duración sea de marzo de 2019 a diciembre de 2020.
Durante ese lapso se continuarán aplicando en el Reino Unido las normas de la UE, pero esa nación dejará de participar en las instituciones y en el proceso de toma de decisiones.
Podrá negociar acuerdos comerciales con terceros países, pero estos no entrarán en vigor sin el permiso del bloque.
Los británicos también accedieron a buscar en tres meses una solución efectiva al problema de la frontera con Irlanda, el cual puede tener graves consecuencias para el país y la paz con Dublín.
Por otra parte, queda pendiente la situación de Gibraltar, asunto que May prometió analizar con el gobierno local y el español.
Durante el Consejo Europeo del 22 y 23 de marzo, los 27 expresaron sus deseos de firmar un acuerdo de libre comercio equilibrado, ambicioso y de gran alcance, pero aclararon que 'un convenio de ese tipo no ofrece las mismas ventajas que la condición de miembro ni equivale a la participación en el mercado único o en partes de este'.
Además, recordaron que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado', frase peligrosa que puede conllevar a una separación por las malas, con importantes afectaciones para los bandos implicados.
Por otra parte, de acuerdo con varios estudiosos, hasta ahora el Reino Unido se había enfrentado a una UE unida, con pequeñas diferencias entre sus miembros restantes, pero con objetivos comunes.
Sin embargo, la negociación sobre las relaciones futuras amenaza con disgregar a los 27, cada uno de los cuales defenderá sus intereses y abogará por determinados pactos en dependencia de los vínculos y situación con respecto a ese país.
La segunda etapa de diálogos amenaza con ser, si es posible, más peliaguda que la anterior.
El 26 de marzo, el opositor Partido Laborista anunció que analiza la presentación de una enmienda al proyecto de ley sobre la salida del bloque, a fin de evitar una separación sin acuerdo.
Según el secretario de esa formación para el Brexit, Keir Starmer, su organización intentará ganar el apoyo de otras agrupaciones para impedir que, en caso de que sea rechazado un convenio final con Bruselas, el gobierno conservador decida abandonar la UE sin pacto alguno.
May había prometido que el tratado definitivo sería analizado en la Cámara de los Comunes y la de los Lores mucho antes de la salida, pero aseguró que esta se producirá aunque los diputados se opongan a lo pactado.
La primera ministra también descartó la posibilidad de un segundo referendo sobre el tema, opción defendida por miembros de varias agrupaciones políticas y por voces como la activista Gina Miller, quien afirmó que, a raíz de los sucesos relacionados con Cambridge Analytica y Facebook, la primera consulta debe ser invalidada por constituir una flagrante violación de la ley.
Por ahora, queda esperar a los resultados de las investigaciones sobre el asunto y al desarrollo de otras muchas rondas de diálogos con Bruselas.
