Por... Eduardo Camín
La pandemia del covid-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas.
De los informes a las advertencias, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) pretende poner el acento en los olvidados de siempre, aquellas personas cuyas dificultades se acrecientan en tiempos de crisis. La mayoría de las noticias difundidas en los medios de comunicación sobre los efectos de la pandemia, referentes al empleo, se concentran en la probabilidad de despedidos y en las consecuencias económicas para los empleados.
Sin duda alguna, la pandemia afecta a todos los trabajadores. Pero los que tienen contratos precarios o los que están empleados bajo modalidades atípicas de empleo padecen más las consecuencias negativas, ya que es probable que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, al seguro de desempleo, o a otras protecciones esenciales.
La economista principal de la OIT Janine Berg destaca que, “se ha prestado menos atención a los trabajadores que no están oficialmente despedidos, pero cuyos contratos no son renovados, sus horas son reducidas a cero, o a quienes las agencias de empleo les dicen simplemente lo lamentamos, no hay más trabajo disponible”.
Dependiendo del país, el trabajador puede no estar cubierto por un seguro de desempleo u otras protecciones esenciales como la licencia por enfermedad. La economista añade que “si es un trabajador autónomo ¿quién paga su licencia por enfermedad? Si trabaja en una tienda con un contrato de cero horas y la tienda cierra, ¿es mala suerte? ".
Hemos visto cómo, durante las últimas décadas, muchos países han registrado un incremento significativo del número de trabajadores con contratos de trabajo temporal, a tiempo parcial, empleo temporal a través de agencias, y otras formas de trabajo subcontratado, así como nuevas modalidades como el trabajo por Internet, donde casi siempre son considerados como trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, debido a que numerosos países establecen límites mínimos de elegibilidad para la seguridad social –horas mínimas de trabajo semanal, número mínimo de meses de empleo, períodos mínimos de cotización– muchos trabajadores se quedan sin las protecciones apropiadas, poniéndolos en riesgo. Debido a que aumenta el número de trabajadores en modalidades contractuales diferentes, la cobertura del seguro de desempleo se reduce, incluso en los países con sistemas bien establecidos.
A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Por lo tanto, tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud con la pandemia, al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchos viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.
Los convenios de letra muerta
A pesar de que, en los albores de los años 1990, con el aumento de las modalidades de empleo atípicas, la OIT adoptó una serie de normas internacionales del trabajo a fin de promover la igualdad de trato de los trabajadores a tiempo parcial, los contratados por medio de agencia y los a domicilio.
Por ejemplo, el artículo 6 del Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial de 1994 (número 175) establece que “los regímenes de seguridad social… deberán adaptarse para que los trabajadores a tiempo parcial gocen de condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable” y señala, además, que los países que han establecido límites deberían “revisarlos periódicamente”.
Más recientemente, la Recomendación sobre los pisos de protección social, de 2002 (número 201) indica que los países deberían garantizar al menos un nivel mínimo de seguridad social para todos y garantizar progresivamente niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible, lo más pronto posible.
Desempleo pobreza y desigualdad
La pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica, dice el Director General de la OIT, Guy Ryder. “Para que nuestra respuesta sea eficaz, debe tener en cuenta todos estos factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada y global. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables. Nuestra respuesta ha de ser urgente, coordinada y a escala mundial, y debe ofrecer ayuda inmediata a quienes más lo necesitan”, afirma.
Es evidente que las dimensiones humanas de la pandemia del covid-19 exceden con creces el ámbito de la respuesta sanitaria. Todos los aspectos de nuestro futuro se verán afectados: el económico, el social y el de desarrollo. La OIT estima que hasta 25 millones de personas podrían quedar sin empleo, y que la pérdida de ingresos de los trabajadores podría llegar a los 3,4 billones de dólares.
Sin embargo, ya se está viendo que el cálculo se quedará corto frente a la magnitud del impacto. Esta pandemia ha expuesto sin piedad los profundos fallos de los mercados laborales. Empresas de todos los tamaños ya han cesado sus operaciones, han reducido las horas de trabajo y despedido al personal.
Muchas están al borde del colapso, a medida que van cerrando tiendas y restaurantes, se cancelan vuelos y reservas de hoteles, y las empresas optan por el trabajo a distancia. A menudo, los primeros en quedarse sin trabajo son aquellos cuyo empleo ya era precario: vendedores, camareros, personal de cocina, limpiadores etc.
En un mundo en el que solo una de cada cinco personas tiene derecho a una prestación por desempleo, los despidos son una catástrofe para millones de familias. En muchos casos, al no tener derecho a una licencia por enfermedad remunerada, cuidadores y repartidores, de los que todos dependemos ahora, suelen verse presionados a seguir trabajando incluso si están enfermos.
Del mismo modo, en el mundo en desarrollo, los trabajadores a destajo, los jornaleros y los comerciantes informales pueden vivir la misma presión ante la necesidad de alimentar a sus familias. Todos sufriremos por esta situación. No sólo aumentará la propagación del virus, sino que a largo plazo amplificará drásticamente los ciclos de pobreza y desigualdad.
Mientras los gobiernos tratan de aplanar la curva ascendente de la infección, se necesitan medidas especiales para proteger a los millones de trabajadores de la salud y de la asistencia sanitaria (la mayoría de los cuales son mujeres) que cada día arriesgan su propia salud por todos. Y proteger debidamente a los camioneros y la gente de mar, que entregan equipos médicos y otros artículos de primera necesidad.
Mientras tanto, el teletrabajo ofrece nuevas posibilidades para que los trabajadores sigan activos y los empleadores continúen sus negocios durante la crisis. Sin embargo, los trabajadores deben poder negociar estas controvertidas fórmulas laborales para poder mantener el equilibrio con otras responsabilidades, como el cuidado de los hijos, los enfermos o los ancianos y, por supuesto, de ellos mismos.
Para algunos, caer enfermo equivale simplemente a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir.
Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud. Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia – entre otras cosas – de gastos de salud desmesurados.
El dilema de “trabajar o perder los ingresos”
Algunos gobiernos, junto con los bancos centrales de los países. han adoptado o anunciado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda en sus ingresos. Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas.
Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia y el aislamiento social dispuesto por varios países, es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo. Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas.
Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los temporales, o quienes tienen un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos. Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”.
Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran. En estos tiempos sumamente difíciles, cabría recordar un principio establecido en la Constitución de la OIT: La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.
Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad. Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.
Tal vez, una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo es la contradicción observable entre el bienintencionado discurso de los derechos humanos y sociales que producen las instituciones internacionales, los Estados nacionales y la desdichada realidad de una gran parte de la humanidad.
