Por... Scott Lincicome
Scott Lincicome indica que hay señales preocupantes de que la administración de Trump está valiéndose de la crisis actual como un trampolín para implementar su larga lista de deseos económicamente nacionalistas.
Peter Navarro, uno de los principales asesores comerciales del presidente Donald Trump, escribió un memorándum a finales de enero de 2020 advirtiendo sobre las potencialmente graves consecuencias para los ciudadanos estadounidenses y la economía de EE.UU. si el gobierno federal no implementaba rápidamente medidas de “contención”, incluyendo la prohibición a los viajes desde China, para detener el crecimiento del virus COVID-19. Cuando Axios reveló el memorándum a principios de esta semana, la noticia sacudió a Washington: piense en el inmenso dolor y la incertidumbre que pudieron haberse evitado si Trump y otros asesores hubieran escuchado la advertencia de Navarro. El único problema fue que nadie lo hizo.
En forma aislada, la inacción de la Casa Blanca parece ser un gran error político, posiblemente responsable de innecesarias bajas humanas y económicas. En ese contexto, sin embargo, gran parte de la culpa recae sobre el propio Navarro y sus compañeros económicamente nacionalistas de la Casa Blanca. Su constante dependencia de la histeria de la “seguridad nacional” y la “emergencia nacional” hizo que otros en la administración de Trump (y el país en general) los ignorarán. Como dijo un asesor de la Casa Blanca: “El memorándum de viajes de enero me pareció un intento alarmista para llamar la atención sobre la agenda anti-China de Peter, mientras que presentaba una gama artificialmente limitada de opciones políticas”. En resumen, cuando llegó la verdadera emergencia de China, nadie prestó atención al tipo que pasó los últimos 3 años corriendo por el Ala Oeste gritando que todo lo que China tocaba era una emergencia. Al hacerlo, EE.UU. perdió un tiempo valioso y, por supuesto, mucho más.
Este es un episodio triste, y uno que revela una falla fundamental en el mantra nacionalista de que “la seguridad económica” es “la seguridad nacional”: resulta que, cuando todo es una amenaza para la seguridad nacional, tarde o temprano nada lo es, ni si quiera las verdaderas amenazas.
Ese mantra es en realidad el título de un artículo de opinión de 2018 de Navarro, el halcón más famoso de China en la Casa Blanca y el autor de sutiles obras como Death by China, Seeds of Destruction, y The Coming China Wars. El talento de Navarro para encontrar crisis relacionadas con el comercio tampoco se limita a China. Entre las otras amenazas de “seguridad nacional” que ha identificado en los últimos años se encuentran: 1) los déficits comerciales generales y bilaterales; 2) la inversión extranjera directa en EE.UU.; 3) las importaciones agrícolas; y 4) la tercerización. Mientras estuvo en la Casa Blanca, Navarro también fue el autor de una infame presentación a nivel de gabinete que vincula, sin ningún sustento empírico, los acuerdos comerciales de EE.UU. como el TLCAN no solo a calamidades económicas como la pérdida de empleos y el cierre de fábricas, sino también a calamidades sociales como el aborto, la baja fertilidad, el abuso conyugal, el divorcio, el crimen, el abuso de drogas, e incluso la muerte.
Y estas son solo las terribles advertencias de Navarro que conocemos. ¿Es extraño, entonces, que cuando Navarro circuló sus notas sobre el coronavirus, algo proféticas, aunque dudosamente razonadas, nadie en la Casa Blanca lo escuchara? ¿Son esos asesores realmente culpables? ¿O fue simplemente imposible para cualquier persona pensante distinguir entre una advertencia real y las numerosas advertencias de que “el TLCAN causa abortos” que precedieron?
Es una actualización retorcida del cuento de “Pedro y el lobo”, y si este problema estuviera aislado a Navarro, la fábula podría terminar aquí. Sin embargo, las opiniones de Navarro sobre las múltiples presuntas amenazas de seguridad planteadas sobre los compromisos económicos internacionales de EE.UU. no son divagaciones insulares de un solo personaje de la Casa Blanca, sino que permean la política comercial y migratoria de la administración de Trump.
En los últimos tres años, de hecho, la Casa Blanca ha usado repetidamente interpretaciones liberales de la ley de EE.UU. para encontrar “amenazas a la seguridad nacional” y “emergencias nacionales” donde ninguna administración anterior se atrevió a mirar. A principios de 2018, la administración consideró que las importaciones de acero y aluminio en EE.UU. amenazaban la seguridad nacional y que justificaban aranceles proteccionistas y cuotas bajo la poco utilizada Sección 232 de la Ley de expansión comercial de 1962. Esta “amenaza” incluía metales no solo de China u otros notorios tramposos del comercio, sino también de aliados cercanos como Canadá, México, la Unión Europea y Japón. Además, las tarifas no se aplicaron solo a los metales especializados que podríamos necesitar para tanques, satélites y aviones, sino también a aburridos commodities como losas y varillas de acero (sí, varillas). De hecho, antes de que Trump impusiera estos aranceles, el propio Departamento de Defensa explicó que las restricciones globales a las importaciones eran innecesarias porque el Departamento de Defensa necesitaba a lo mucho el 3 por ciento de la producción actual de esos metales en EE.UU. y porque la gran mayoría de las importaciones provenían de fuentes confiables como lo son los aliados antes mencionados: la misma razón por la cual el gobierno de George W. Bush llegó a la conclusión exactamente opuesta con respecto al acero y la seguridad nacional en una investigación de la Sección 232 de 2001 solicitada por dos miembros del Congreso (la última hasta la llegada de Trump).
En 2019, la administración nuevamente encontró una amenaza a la seguridad nacional bajo la Sección 232, pero esta vez fueron las importaciones mundiales de automóviles las que nos amenazaron, no los metales. Si usted se pregunta cómo un Ford de México o un Mercedes de Alemania ponen en peligro a la nación, desafortunadamente no puedo responderle porque el reporte oficial que hizo esos hallazgos sigue siendo un secreto –a pesar de que la nueva legislación del Congreso, aprobada y firmada por el presidente ordenaba su publicación. Sin embargo, lo que sí sabemos es suficientemente malo: de acuerdo a la proclamación presidencial que anuncia la “amenaza” automotriz, la teoría del caso de la administración era que las importaciones y la inversión extranjera en las fábricas estadounidenses eran de alguna forma una “amenaza de seguridad nacional” porque “la base industrial de la defensa de EE.UU. depende del sector automotriz estadounidense para el desarrollo de tecnologías que son esenciales para mantener nuestra superioridad militar”. Por lo tanto, los millones de estadounidenses que fabrican y venden automóviles “extranjeros” en EE.UU. constituyen un “grave riesgo” para la “capacidad de innovación estadounidense”.
No es broma.
Luego está China, a la cual el Secretario de Estado Mike Pompeo llamó recientemente la “amenaza central de nuestros tiempos”. Usted encontrará un acuerdo casi universal, incluso entre los promotores del libre comercio, de que China y ciertas prácticas comerciales y de inversión chinas tienen el potencial de generar preocupaciones legítimas de seguridad. Sin embargo, el enfoque de la escopeta y el mazo –particularmente, los aranceles de base amplia sobre prácticamente todo, sin importar cualquier nexo con la seguridad, en un oscuro proceso de “exclusión” arancelaria que apesta a favoritismo político, y en una red de supervisión de inversiones tan amplia que atrapó a la aplicación de citas gay Grindr– plantea serias dudas acerca de la eficacia y objetivos de dicha política. Por ejemplo, si la orgullosamente proteccionista administración de Trump estaba realmente preocupada por la superioridad de la cadena de suministros de medicamentos esenciales o de alta tecnología de China (en lugar de solo querer más proteccionismo), entonces, ¿por qué estaban aplicando aranceles a cosas de baja tecnología como muebles, juguetes y zapatos?
Esto no se trata solo acerca del comercio. El presidente generó controversia en 2019 cuando declaró una “emergencia nacional” en virtud de la Ley nacional de emergencias –y vetó una resolución conjunta del Congreso que se oponía a la declaración– para poder desviar miles de millones de dólares en asignaciones presupuestarias para la construcción militar del Departamento de Defensa hacia su muro fronterizo. Según la proclamación oficial, “la situación actual de la frontera sur presenta una crisis de seguridad fronteriza y humanitaria que amenaza los intereses centrales de la seguridad nacional y constituye una 'emergencia nacional'. Aún sin respuesta, por supuesto, está la pregunta de por qué la Casa Blanca esperó hasta que el Partido Republicano perdiera su mayoría en la Cámara de Representantes para abordar la “crisis de seguridad”.*
Trump amenazó con otra declaración de emergencia, así como con aranceles sobre todas las importaciones mexicanas bajo la Ley de poderes económicos de emergencia internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), debido a la falta de voluntad o a la incapacidad de México para frenar las “caravanas” de refugiados centroamericanos que se dirigen a EE.UU. IEEPA le otorga al presidente amplios poderes para regular las “transacciones en moneda extranjera”, pero solo cuando descubre que existe “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, política exterior o economía estadounidense que tiene su origen, total o principalmente, afuera de EE.UU.” y si “declara una emergencia nacional con respecto a tal amenaza”. Esta tampoco se ha utilizado antes para imponer aranceles a las importaciones de un aliado cercano (en cambio, se la reserva para transacciones específicas o actores enemigos). Como tal, los motivos legales y de seguridad para usar la IEEPA para e imponer aranceles a todo lo que viene de México debido a un aumento de refugiados no son convincentes (en el mejor de los casos).
Y esto nos lleva de vuelta al momento actual. Navarro, Trump y los aliados de la administración en el Congreso insisten hoy en que las décadas de globalización sin restricciones han dejado a EE.UU., particularmente a sus cadenas de suministro farmacéuticas e industriales, sin preparación para el COVID-19 y con una necesidad desesperada de “repatriación” a través de una mezcla radical de proteccionismo y política industrial. Además, han anunciado que tienen la intención de utilizar la crisis actual como un trampolín para implementar su larga lista de deseos económicamente nacionalistas para resolver esta evidente amenaza a la seguridad nacional. Tal vez, con respecto a ciertas fuentes o elementos específicos, tengan un punto. Tal vez no.
Pero luego de años de declarar todo desde los tostadores chinos hasta el aluminio canadiense y los niños guatemaltecos como una crisis de seguridad nacional, ¿por qué deberíamos creerles ahora?
