El presidente de Zabalgarbi ocultó al consejo la inversión en un fondo de riesgo
El consejo de administración de la empresa Zabalgarbi, dedicada a la incineración de basuras en Vizcaya con la que se produce electricidad y en cuyo capital participan las instituciones vascas, nunca conoció que una parte significativa de las reservas de dinero de la sociedad -10,8 millones de euros- había sido invertida en cinco fondos de alto riesgo a finales de 2006. Uno de ellos, como desveló ayer EL CORREO, era gestionado en su totalidad por el financiero norteamericano Bernard Madoff, protagonista de la mayor estafa piramidal de la historia, y ha supuesto la píérdida de 3,7 millones.
La Diputación de Vizcaya, que posee el 20% de los títulos de la compañía, y el resto de los accionistas de la sociedad -Sener y FCC, que suman el 60%, el Gobierno vasco (10%), la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%) y la BBK (5%)- han confirmado que el consejo tan sólo conoció el esquema general: la necesidad de constituir un «depósito» de reserva por esa cantidad, exigido por las entidades financieras que prestaron 129 millones a Zabalgarbi para construir sus instalaciones en las faldas del monte Arraitz. La medida pretendía cubrir problemas puntuales de tesorería para atender el pago de los críéditos y compensar las fluctuaciones en el precio del gas. El presidente de la empresa, Juan Ignacio Unda -ex vocal de la Comisión Nacional de la Energía en representación del PNV-, jamás detalló ante los administradores de la firma el destino concreto de ese dinero ni tampoco el instrumento financiero elegido.
Alto riesgo
La contratación de los cinco fondos de inversión de Optimal -una filial del Banco Santander que tiene su sede oficial en Irlanda- se realizó a finales de 2006. La fecha es importante porque coincide con la regulación en España de los 'hedge funds', un tipo de fondos de alto riesgo sometidos a escasas limitaciones, tan sólo aptos para «inversores cualificados» y cuya comercialización había estado prohibida hasta entonces.
La memoria y la auditoría de Zabalgarbi correspondiente a 2006 no es clara en este aspecto. Recoge en su balance la existencia de una «inmovilización financiera» por importe de 10,8 millones e indica tambiíén que se ha realizado a petición de los bancos prestamistas, pero no detalla la vía utilizada. Contrasta, por ejemplo, con el elevado grado de detalle que la propia auditoría adjudica a la tesorería de la firma, colocada tambiíén en productos del Santander: dos fondos de inversión mobiliaria, de baja rentabilidad pero tambiíén de mínimo riesgo. Además, las cuentas del ejercicio 2007, en contra de lo que establece la legislación, no están aún registradas.
El asesoramiento
La compañía insistió ayer en descargar toda la responsabilidad de la píérdida de los 3,7 millones de euros en el banco que, según subrayó, le aseguró que los cinco fondos en los que colocaba su dinero «tenían el riesgo más bajo del mercado». Los folletos que Optimal manejaba entonces para comercializar estos instrumentos, sin embargo, ya permitían atisbar que la inversión estaba relacionada con «renta variable» de Estados Unidos y que el riesgo, por lo tanto, era muy superior al de la mera suscripción, por ejemplo, de deuda de la propia Diputación foral de Vizcaya. El hecho de que fuese un 'hedge fund' no debió pasar inadvertido para los directivos de la empresa.
Zabalgarbi sostiene que el Santander ha alterado desde finales de 2006, y de forma sustancial, la información relacionada con el Optimal Strategic, el fondo en el que estaban depositados 2.100 millones y que se ha esfumado como por arte de magia en manos de Madoff.
Así, en el momento de suscripción por parte de la incineradora de basura, la entidad financiera apuntaba que su filial Optimal desarrollaría la gestión del mismo, así como la auditoría respecto a la evolución de las inversiones. En una modificación realizada el pasado noviembre -unas semanas antes de que estallase el escándalo- y de la que la empresa asegura no haber recibido notificación oficial, el banco reconocía que el dinero estaba en manos de un 'broker-dealer', que existía un hipotíético riesgo de estafa y renunciaba al compromiso de auditarlo. En suma, admitía que era una 'bomba de relojería'.
